Fiel a su cometido, el gobierno de Mauricio Macri arremete siempre de la manera más cobarde contra los intereses (y las necesidades) de los grupos que más requieren apoyo para la inclusión como el que constituyen, las personas con discapacidad.

Macri y Gabriela Michetti quitaron las pensiones, no pagan en tiempo y forma las prestaciones básicas a través del Programa Incluir Salud; Macri y Michetti silenciosamente fueron haciendo desaparecer el Fondo nacional para la integración de personas con discapacidad creado por el Decreto 1277/2003 cuyo objetivo es (era) el financiamiento de Programas y Proyectos a favor de Personas con Discapacidad que tengan como finalidad la prevención, la rehabilitación integral y/o la equiparación de oportunidades; con la Convención estos fondos fueron a financiar más de 25 programas destinados a las personas con discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil y las provincias para cooperar en la implementación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Macri y Michetti quitaron toda visibilización al Consejo Federal de Discapacidad lugar donde están representadas todas las provincias, y con ello a las personas con discapacidad que lo integran, pero mientras tanto, se subían al escenario del CCK y anunciaba entre globos y platillos un “Plan Nacional de Discapacidad” ficticio, como la supuesta victoria de las PASO; un plan nacional que nadie conoce. Y es tal ese desconocimiento que no lo inventa nadie, sino que es el propio (ex?) titular de la ex CONADIS Javier Ureta Sáenz Peña, ex cascos verdes, que lo sostenía hace apenas una semana, en la Cámara de diputados al responder, sin sonrojarse, que “ lo estaban preparando” y que eran “intenciones de trazar rutas” y aclaró que “no se había avanzado en la planificación y puesta en marcha del proyecto y que sería lanzado oficialmente a fin de 2017”. Esto hace solo una semana en la Cámara de Diputados de la Nación.

RETROCESOS

Se pierden prácticas democráticas representadas en verbos claros en cada normativa hoy derogada: se suprime, se pierde y se deroga la palabra consensuar. Macri y Michetti no quieren consensuar nada y muchos menos que ese consenso sea con las provincias y las organizaciones de la sociedad civil para formular las políticas sobre discapacidad: nada más ni nada menos en un país Federal.

Se pierde la posibilidad de participar con carácter vinculante. Se pierde la posibilidad de requerir de los organismos gubernamentales la información que considere necesaria para el cumplimiento de políticas efectivas para la inclusión de las personas con discapacidad; ello en una etapa tan crucial de implementación de la Convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad donde claramente se señala la necesidad de acompañamientos y monitoreo en la implementación de las políticas.

Se retrocede en la posibilidad de impulsar la constitución de fondos específicos con el fin de concretar la inclusión de personas con discapacidad en conjunto con las organizaciones de personas con discapacidad de todo el país. Se pierden el Comité Técnico y el Comité Asesor; nada se dice del Consejo Federal de Discapacidad y, con ello, se resta relevancia a la opinión de los las personas con discapacidad y los gobiernos provinciales del país.

Se pierde la coordinación del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad cuyas acciones son evaluar, seleccionar, establecer prioridades y aprobar los programas y proyectos, asignar y controlar la aplicación de los fondos establecidos por la ley 25730.

Se pierde o nada se dice sobre quien tendrá la presidencia del Directorio del Sistema que regula las prestaciones de la Ley 24.901, el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad y quien defenderá los intereses de las personas con discapacidad.

Se disuelve la Comisión Nacional de Pensiones asistenciales que se constituía en puerta de acceso a derechos de personas con incapacidad laboral, desde una perspectiva social de la discapacidad, pero además incluía otras pensiones, como madres de 7 hijos o más, vejez.

Donde quedan aún frenados por decisión política de este gobierno miles de trámites iniciados que no continuarán y en la demora de instalación de la nueva agencia quizás pasen varios años hasta que esas personas que con y por derecho iniciaron un trámite en el año 2016 puedan acceder efectivamente al cobro de su pensión y al acceso de su cobertura social para facilitar sus prestaciones básicas.

Más allá de instancias formales e informales, se pierde y se retrocede en prácticas democráticas, participativas y consensuadas para la construcción conjunta de genuinas políticas inclusivas.

"Avances" con restricciones

Hasta ahora, solo volver la mentada “Agencia” a la Secretaria de Presidencia de la Nación, lugar que había ocupado y que por tanto no es nada nuevo su tránsito en esta órbita y si bien también contaría con presupuesto y autarquía financiera, si las organizaciones que representan a las personas con discapacidad no tienen participación en la distribución, priorización de uso y control de ejecución, es un retroceso en el cumplimiento de la Convención y las responsabilidades y obligaciones de los Estados.

En síntesis, la “Agencia” viene a desempoderar a las personas con discapacidad de sus derechos: el “avance” es un retroceso más en políticas que pretenden ser de inclusión, pues decide con palmaria exclusión, sin consultar como manda la ley y restringiendo la participación de las organizaciones representantes de personas con discapacidad en el nuevo organismo que se crea.