El desacuerdo se genera al momento de dilucidad quién juzgará al los Abogados respetándose la secuencia de acusación, juicio y sanción. No tenemos dudas de que quienes deben hacerlo son los jueces, porque los mismos gozan de garantías constitucionales que aseguran la imparcialidad de su labor; tales como la inamovilidad del cargo, la intangibilidad de las remuneraciones, un régimen de incompatibilidades (está prohibido al juez ejercer la abogacía, el comercio, ser candidato político).

En cambio un tribunal conformado por pares, tal como está planteado en los proyectos presentados no asegura la imparcialidad: Un buen proceso de selección garantizaría el 50 % de la misión de conseguir jueces imparciales. Además debe garantizarse que los miembros del tribunal de ética, durante el desempeño de sus funciones, no cedan ante presiones o ante tentaciones económicas, y esto no lo asegura el proceso de selección.

Aún en la hipótesis de que este proceso sea infalible, imaginando que conseguimos conformar un tribunal cuyos miembros resultasen inquebrantables en su misión de juzgar con imparcialidad, estaríamos sometiendo a estos colegas a posibles represalias y persecuciones de sectores inescrupulosos, entonces me pregunto ¿está bien exigirles a estos pares que además de ser probos sean mártires? ¿está bien seleccionarlos y designarlos miembros del tribunal de ética convirtiéndolos en carne de cañón? La respuesta es que esto no es justo ni solidario.

Corremos el serio riesgo de que el bueno colega, el honesto, el que tiene convicciones firmes, no desee conformar el tribunal y que sí quieran hacerlo aquellos con motivaciones espurias.

Si los jueces tienen garantías para no ser perseguidos por sus sentencias también deberían tenerlas los miembros del tribunal de ética, esto aseguraría el otro 50 % de la misión de conseguir jueces imparciales, es decir asegurar la imparcialidad durante su desempeño.

Esta idea, de un tribunal de disciplina con garantías para sus miembros, es incompatible con una matrícula barata o con una exención de pago para los colegas con antigüedad menor a 7 años; porque para asegurar la imparcialidad del tribunal necesitamos un colegio con recursos, y a esto es a los que me refiero cuando digo que la onerosidad de la matricula está vinculada a la imparcialidad del tribunal de disciplina.

En otras palabras, adoptar el sistema de colegiación publica propuesto por el Consejo de Abogados de Resistencia, con bajo costo económico para el profesional y con un tribunal de disciplina sin garantías para sus miembro, significaría truncar por falta de recursos económicos, el principal objetivo que todos tenemos, cual es, el control de la conducta ética del Abogado.- Por estos motivos respaldamos el proyecto de ley que mantiene la administración de la matrícula en el STJ y un tribunal de disciplina conformado por jueces”.