Se trató de un día histórico para las afiliadas y afiliados, ya que ATE Chaco se transformó en el primer sindicato de la provincia en contar con un protocolo propio que tiene como objetivo erradicar hechos de violencias de género dentro del gremio. El protocolo fue elaborado por las delegadas e integrantes del Consejo Directivo Provincial con el asesoramiento técnico de la abogada feminista Lourdes Polo Budzovsky, quien pudo llevar a cabo un trabajo técnico que amerita todo el reconocimiento de sus congéneres.

El prólogo fue escrito por la reconocida jurista, doctora en Derecho de la UBA, investigadora del CONICET e integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial, Marisa Herrera. La abogada celebró la iniciativa y la señaló como una clara y necesaria herramienta práctica frente a las “cuentas pendientes” que tiene el sindicalismo con la sociedad, y de manera muy especial y particular, con las mujeres y las personas pertenecientes a los colectivos LGTBIQ.

“Es una muestra cabal, elocuente y expresa del compromiso y responsabilidad asumido por ATE Chaco”, expresó. Y llamó a la reflexión indicando: “la búsqueda por la igualdad y la equidad de género no pasa porque las mujeres muten de ser oprimidas a ser opresoras, sino porque seamos profundamente iguales sin perder de vista las diferencias. Se trata de un mundo ´donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres´”.

Volviendo al protocolo, vale remarcar que el mismo recoge los principios sentados en los sistemas de protección integral de las mujeres, los derechos a la identidad de los colectivos LGTBIQ y a los lineamientos citados en las leyes de violencia laboral para su abordaje. El documento aborda a la víctima como sujeta de derechos, sobre el que girará el proceso frente a casos de violencia sindical, respetando el ejercicio pleno de su autonomía.

Asimismo el protocolo crea una red de contención para que quienes sufren violencias. ATE Chaco desarrollará así políticas preventivas de protección, creando órganos especiales, como el área de prevención conformado por afiliadas a ATE, con perspectiva de género, que tendrán a su cargo el desarrollo de estrategias y coordinación de acciones preventivas con las diferentes delegaciones y regionales en materia de violencias de género y contra las identidades diversas en el ámbito sindical y de promoción de derechos humanos de las mujeres e identidades diversas en sus espacios laborales, desarrollando una agenda a tal fin.

El espacio de género anualmente presentarán un informe con los objetivos alcanzados. Dictará medidas preventivas tendientes a disminuir la situación violenta denunciada ante el equipo protocolar como a la cesación de un daño inmediatamente y/o a la prevención, propiamente, de todo nuevo acto que configure violencia de géneros sindical o laboral.

En cuanto al proyecto que busca ser ley, las mujeres del Espacio de Género aseguraron que se trata de una iniciativa que busca garantizar los derechos laborales de las trabajadoras víctimas de violencia de género y de los familiares directos de las víctimas de feminicidios, y de mujeres e identidades diversas desaparecidas. “Para al menos, brindarles esa tranquilidad necesaria en el ámbito laboral mientras luchan contra la injusticia y el Estado patriarcal”, subrayaron.

Indicaron que la propuesta surge de los obstáculos y las necesidades que diariamente enfrentan en el acompañamiento a las trabajadoras que, ante la violencia y desidia estatal, llegan al sindicato en búsqueda de contención.

Hasta ahora lo único que tenemos al respecto es la última modificación a la ley 3521 de licencias y permisos en la administración pública, la ley 645- A que incluyó la licencia por violencia familiar y/o de género dentro de las licencias extraordinarias con tan poca perspectiva de género, que cuando habla de la víctima -de violencia de género- se refiere a “el agente”, así en masculino. “Hasta ahí la invisibilización de la problemática. Hasta ahí la revictimización”, remarcaron.

“Hasta que logremos sancionar esta ley, a las trabajadoras víctimas de violencia de género o abuso, sólo les queda presentar certificado psiquiátrico, que supone debería ser una herramienta para ayudar a la víctima y termina siendo una herramienta para que el victimario continúe violentándola a través de sus hijos e hijas. “Porque muchas veces, muy bien asesorados por profesionales conocidas por todas, tomando como punto de partida estos certificados psiquiátricos, los violentos inician acciones legales para sacar la tutela de sus hijos a las victimarias”, denunciaron.