Judiciales y Policiales
Fue notificada por la Justicia

Aranda estafó a sus asociados: cobró dinero, pero nunca les construyó sus casas

El barrio en cuestión debía construirse en Sáenz Peña, sin embargo, Aranda puso como excusas que la situación macroeconómica cambió como así también la toma de créditos.

Un grupo de personas que en 2015 compraron su terreno al Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chaco en Sáenz Peña, para la construcción de viviendas, reclamaron ante la Justicia lo que consideran una “estafa” de parte de la titular del gremio Graciela Aranda. A pesar de haberla acusado de quedarse con el dinero, la sindicalista asegura que “nadie fue estafado y que todos tendrán sus terrenos”.

Pasaron los años y las casas nunca llegaron. La Justicia tomó intervención y a pesar de que todavía no se la imputó fue notificada de la causa.

El barrio en cuestión debía construirse en Sáenz Peña, sin embargo, Aranda puso como excusas que la situación macroeconómica cambió como así también la toma de créditos. Lo cierto es que vendió terrenos con la promesa de construir las casas, pero no pasó naranja. Los damnificados la llevaron a la Justicia.

La fiscal Liliana Lupi investiga este caso denunciado por un grupo de 23 personas que denunció penalmente a la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, al delegado del interior de ese sindicato Miguel Ramos y al bancario Luis Vargas por supuesta estafa, en el marco de una operatoria de venta de terrenos donde posteriormente debía construirse un barrio mediante convenio con el Instituto de Viviendas.

Lupi confirmó que “se ha cursado la notificación para que Graciela Aranda haga su presentación en el marco del proceso, aunque no sé si finalmente se diligenció esa medida porque aún no hemos recibido la notificación que el trámite haya sido culminado”, reconoció. En casa de herrero cuchillo de palo, justamente hay una lentitud más de lo normal en esta causa que afecta a la gremialista de los judiciales.

La fiscal aguarda los resultados de esas diligencias para tomar una decisión sobre si cabe la existencia de algún delito y si a alguno de los imputados le cabe la imputación. Hasta ahora Aranda y sus secuaces vienen zafando.

No obstante, cabe indicar que la Fiscalía ordenó una serie de informes a distintos organismos y está trabajando en una serie de testimoniales.

Lupi sostuvo que va “a esperar esos informes para ver si a partir de ellos surgen elementos que configuren alguna figura delictiva y en ese caso ver qué tipo de delito es y a quienes podría ser aplicado”.

Hasta el momento Ramos y Vargas ya han designado sus abogados “para estar a derecho” y se libró “el oficio con la notificación para que Aranda se presente”.

Los denunciantes habían efectuado los pagos entre fines de 2014 y fines de 2015 e incluso el último terreno habría sido vendido en el transcurso de 2019. Es decir, a pesar de que Aranda les había dicho que la cosa estaba difícil por culpa de las políticas económicas y el cambio de reglas de juego por parte del Gobierno nacional para la operatoria de viviendas, ella siguió vendiendo.

Lo cierto es que “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y no se llamó a licitación para la construcción”.

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