El único testigo del hecho, que es una persona con presuntos vínculos familiares que prestarían funciones de seguridad en Barranqueras, relató la existencia de cocaína y dinero dentro de la casa donde Sebastián fue vejado. La propietaria de la casa donde sometieron a torturas y tormentos al joven es una agente de la Policía Federal con la que mantenía relaciones y que fue suspendida en sus funciones. Sin embargo, la droga y la plata no fueron secuestrados y no figuran en los informes elaborados por la Policía.

Nobleza obliga a señalar que Sebastián fue sindicado como “estafador”, condición que, de ser cierto, no justifica que la Policía lo haya torturado tanto provocando su posterior muerte. Fueron sus padres los que insistieron ante los medios, la Justicia, y el Gobierno –que se convirtió en querellante este mes- los que lograron que este caso se investigue para que no quede impune. Será ahora la labor de la Justicia actuar en consecuencia.

La denuncia del Centro Mandela

Ponce de León no fue evaluado por ningún médico de la Dirección de Sanidad Policial, paso obligatorio que se debe producir apenas se detiene a una persona. Desde la Policía se argumentó que Sebastián “se negó” al examen médico por lo que supuestamente no pudieron constatar las lesiones, que sí fueron establecidas cuando el joven ingresó al Hospital Perrando. No obstante ello, los médicos de este Hospital nunca informaron a la Fiscalía el cuadro de salud del detenido, sino hasta que falleció, asegura un informe del Centro Mandela.

Ya se sabe que para las 16 horas del 31 de enero de 2019 Sebastián Ponce de León estaba detenido y a disposición del fiscal Bogado en la Guardia del Hospital Perrando. Sin embargo, de acuerdo a los informes preliminares efectuados por la Comisaría Primera de Barranqueras, recién a las 16.22 de ese mismo día se recibió un llamado al Servicio 911 solicitándose presencia policial por el supuesto hecho de violencia de género en el domicilio de Av. 9 de Julio 5335.

De forma contradictoria, el procedimiento que supuestamente arrancó con ese llamado al 911 finalizó a las 16.47, de acuerdo a las actas labradas por la propia Policía. Recién después de esa hora el detenido debió haber sido llevado a Sanidad Policial, y desde allí supuestamente se ordenó su traslado al Hospital Perrando. El dato es que según los registros del Hospital Perrando Sebastián ya había ingresado a ese Establecimiento y estaba internado 47 minutos antes.

Se fraguó la presencia del detenido en Sanidad. Además, se utilizó un móvil de la Comisaría Primera de Barranqueras, que cuenta con sistema de georreferenciación (GPS) para marcar un circuito dentro de los horarios anotados en el acta policial y dar aparente “legalidad” a todo el recorrido que la policía asegura haber hecho, y que resultó falso.

El escándalo es mayúsculo y estridente, tanto por acción como por omisión. Es la Justicia Penal que tenemos y que debe cambiar. Quedaron al descubierto posibles complicidades que pueden generar una situación concreta de graves responsabilidades institucionales compartidas de funcionarios de distintos poderes del Estado.

La Procuración General, por disposición del adjunto, Miguel Fonteina, y en consonancia con el retardo, obstrucción u ocultamiento en la tarea de esclarecer el caso, ordenó que la investigación quede a cargo del Equipo Fiscal Coordinador C, que encabeza Sergio Cáceres Olivera.

Fonteina advirtió que en este caso “faltan producir y ordenar numerosísimas pruebas” que permitan desentrañar cómo ocurrieron los hechos. La resolución pone en evidencia la falta de trabajo de los tres fiscales intervinientes y representa a la vez un compromiso del que el Ministerio Público ahora no puede escapar.

Morirse abandonado por el Estado

El fiscal Juan Martín Bogado no sólo que no investigó, sino que nunca tomó contacto con el detenido. Tampoco mandó a su ayudante fiscal, como es frecuente que lo haga. Aparentemente no se enteró de los graves hechos que habían ocurrido. Contrariamente, de manera precipitada, ordenó la entrega del cuerpo de Sebastián a su familia para que fuera sepultado sin que ordenara la realización de la autopsia como medida básica e imprescindible en cualquier investigación penal.

El desempeño de Bogado fue claramente irregular y reprochable, desde todo punto de vista, a tal punto que superó el pésimo funcionamiento de las gestiones de otros fiscales, que también se destacan negativamente y enlodan al Poder Judicial.

Tras la denuncia por asesinato que hizo la familia Ponce de León intervino la fiscal Ana Graciela González de Pacce, que caratuló la causa como “muerte dudosa”. Pero sólo lo hizo luego ver fotografías de Sebastián tomadas por familiares en el Hospital Perrando que reflejaban las secuelas visibles que demostraban que había sido sometido a torturas y tormentos, contradiciendo el informe del Hospital Perrando que sostenía que el joven falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Recién después de la denuncia de los familiares se dispuso que se realice la autopsia. Con los resultados que informó la Oficina Médica Forense, la fiscal Pacce se declaró incompetente y mandó el caso a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a cargo del Daniel Turraca. Fue lo único que hizo bien.

Turraca, a pesar de los elementos que tenía en su poder, no investigó y se declaró incompetente. Para este funcionario las pruebas que ya estaban en el expediente no fueron suficientes para que entendiera que los policías que intervinieron en el procedimiento son los presuntos autores y responsables de la aplicación de torturas, tormentos y mortificaciones a Sebastián, que luego falleció mientras permanecía privado de libertad.

El fiscal de Derechos Humanos dio credibilidad a los dichos de la denunciante en la causa por violencia de género y del testigo del procedimiento, que indicaron que una persona no identificada fue el que le asestó un golpe (patada en la cabeza) a Sebastián cuando ya estaba reducido “sin violencia” por parte de la Policía.

Nunca se supo quién era esta persona ni si verdaderamente estuvo presente en la casa de la Avenida 9 de Julio en donde Sebastián fuera sometido a castigos extremos. Quizás fue un personaje imaginario. En cualquier caso, los testimonios preconcebidos no debieron alentar ni determinar que el fiscal especial de derechos humanos se declarara incompetente. Por el contrario, debió activar inmediatamente la investigación y disponer las medidas más urgentes para determinar los posibles autores y responsables de este aberrante caso.