En la actualidad, en la provincia, se encuentran 30 empresas habilitadas por el Departamento de Control de Agencias de Seguridad Privada de las cuales sólo 6 cumplen a la fecha con la escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo. En total, hay un promedio de 50 trabajadores por agencia, que serían un total aproximado de 1.500 trabajadores en actividad y en precariedad.

Es que tan solo el 25% recibe el salario de convenio que al día de hoy se encuentra por debajo del Salario Minino Vital y Móvil y un 20 por ciento le pagan en negro y un 15 por ciento mitad en negro y otra en blanco.

A su vez, el 40 por ciento está ubicado en objetivos insalubres, antihigiénicos, en turno tarde noche y que comúnmente los controles no suelen hacerlo. “Son sueldos de explotación del empleador, los trabajadores, algunos, llegan a un máximo de 5.000 peso, y encima son perseguidos y amenazados para que renuncien sin paga ni asistencia a sus familias, mucho menos asistencias médicas”, denunció Toledo.

Asimismo, el delegado de SUTCA apuntó contra la Dirección Provincial de Trabajo que “no realiza las inspecciones que habíamos solicitado hace más de un mes”. “Es lamentable, porque todos estos trabajadores tienen cargas de familias y necesidades fundamentales para asistir a las mismas, y con estos sueldos es un calvario llevar adelante sus tareas y más aún poder pagar los gastos diarios”.

“Por mis propios medios pongo en conocimiento a toda la sociedad y en especial a modo de concienciar al Estado esta problemática para que nos puedan recibir y/o asistir de cualquier manera para poder llevar en conjunto una solución a cada una de estas familias y para que sean tratados como verdaderos trabajadores que custodiamos familias y bienes”.

El subsecretario Trangoni también pertenece al gremio pero “no los asiste”. De averiguaciones NOVA pudo saber que tendría “una socia y/o mujer” que tiene acciones en unas de las agencias de seguridad de la provincia: Colduart Vigilancia y Servicio, y que tampoco tendría en regla a sus trabajadores.