El premio que le concedió Dolly Fernández, una de las figuras estelares de la Justicia penal, fue el cierre de la causa por prescripción, que es una fórmula repetida que utiliza el poder para garantizar impunidad, sobre todo cuando se investigan a altos funcionarios que cometieron actos de corrupción.

El Centro Mandela oportunamente intentó comunicarse con la fiscal justamente para evitar que la causa terminara como terminó. Se pretendía transmitirle que impulsara la acusación para que la causa no prescribiera. Se falló en el intento, lo que claramente puso en evidencia que la fiscal Fernández se inclinaba por la caída del expediente, sobre la que se tenía sospecha fundada de que eso podría ocurrir.

La causa fue iniciada por un Juez de Instrucción. El fiscal que intervino tenía una función distinta al actual sistema de investigación penal preliminar. Fueron infinitos los tiempos que se tomaron los funcionarios judiciales para evitar la condena del ex ministro. En la impunidad programada quedaron involucrados el Ministerio Público, las Cámaras del Crimen Nº 2 y 3 y el Superior Tribunal de Justicia. Permitieron que venciera el largo plazo para juzgar a Romero.

Claramente mantuvieron la causa sometida a una perezosa inactividad judicial. Por largos períodos fue freezada porque si modestamente se hubiera avanzado en el trámite, habría terminado en una sentencia condenatoria que debería haber recaído sobre Romero por el manejo irregular de los fondos públicos que financiaba el PROFE. Todos los operadores judiciales, especialmente la última que fue la fiscal Dolly Fernández, dejaron vencer los plazos para que muriera la causa penal más pesada contra el ex ministro.

Una cadena escandalosa de postergaciones, ausencias por posible enfermedad, inhibiciones de camaristas y un Ministerio Público que nunca se preocupó por advertir la larga hilera de dilaciones oficiales posibilitaron la caída de una de las causas más impactantes iniciadas contra Romero.

Ni siquiera fue necesario que la Defensa planteara la prescripción de la causa. Todos estuvieron cómodos y distendidos en la Sala de Audiencias de la Cámara Segunda, especialmente la fiscal y la juez Gloria Beatriz Zalazar, quien actuó en soledad porque se disolvió la integración colegiada del Tribunal.

Conviene señalar que la fiscal Dolly Fernández aspira a ser nombrada juez en los próximos días. El 9 de abril, a las 17, será entrevistada para su “valoración personal”, previo a que el Consejo de la Magistratura la proponga para cubrir la vacante existente en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, espacio que conoce muy bien y en el que se mueve con experiencia y habilidad comprobada.

Sin acusación, Fiscal para premiar

Se sabe que en el proceso penal en Chaco no se tramita el juicio oral y público sin acusación. Quien utilizó esta herramienta fue justamente la fiscal Dolly Fernández, aunque contó con la múltiple complacencia del sistema judicial. El jefe de los Fiscales, Jorge Canteros, guardó un llamativo silencio sobre esta causa y no llamó –como lo hace habitualmente- a conferencia de prensa cuando dictan condenas a funcionarios o agentes públicos insignificantes, casos en los que siempre destacan el compromiso de la justicia chaqueña.

En definitiva, por el maldito camino de la prescripción se extinguió la causa contra Romero, de manera que nunca más podrá ser juzgado ni condenado por el manejo irregular de los fondos del PROFE.

La “liviandad”, que no fue tal sino que se asemeja a un plan de impunidad, con que se trató esta causa es tan marcada que el imputado ni siquiera tiene correctamente consignado en la sentencia su domicilio. Romero vivía en Angola, pero en ninguna parte consta en qué ciudad. La Sentencia dice que residía “en rua Che Guevara 54 4º piso dpto. 14 – Angola”.

Cadena de retrasos

El círculo parecía irreversiblemente cerrado. Las conclusiones de la investigación realizada por el Tribunal de Cuentas fueron contundentes. La Justicia penal comenzó a investigar en 2004. Recién en 2011 la causa contra Romero fue elevada a juicio, o sea diez años después de cometidos los hechos ilícitos en 2001.

Pero el juicio no prosperó. La Cámara Tercera del Crimen consideró que no debía intervenir y se declaró “incompetente” por “razones de turno”, y remitió la causa en febrero de 2011 a la Cámara Segunda. Un mes después el nuevo tribunal rechazó su competencia y elevó el caso al Superior Tribunal de Justicia. El STJ se tomó un año para resolver. En febrero de 2012 dispuso que debía intervenir la Cámara Segunda en lo Criminal.

El 6 de marzo de 2012 nuevamente se citó a Romero a juicio. Después de la producción de pruebas suplementarias, se señaló fecha de audiencia de debate para el 26 de octubre de 2012. Sin explicaciones, en el fallo que absolvió a Romero por prescripción se señaló que el Tribunal volvía a suspender el juicio, y fijó nueva fecha de debate para el 24 de septiembre de 2013, que tampoco se realizó.

El 24 de mayo de 2014 la defensa del ex ministro de Ángel Rozas planteó, por primera vez, la prescripción de la causa. El 16 de julio de ese mismo año la Cámara rechazó el planteo, pero no fijó audiencia para iniciar el juicio oral y público.

El 26 de agosto de 2014 la Defensa interpuso un recurso. El 6 de octubre de ese mismo año el expediente fue elevado a la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal. El 30 de abril de 2015 esa Sala rechazó el recurso. Tres meses después, el 24/06/2015, devolvió el expediente a la Cámara Segunda en lo Criminal.

La Cámara fijó una nueva audiencia para debate para el día 5 de septiembre de 2016. Se perdió nuevamente más de un año. Un mes antes de esa fecha, la Defensa pidió la suspensión del inicio del juicio por razones de salud de Romero. No es creíble que la Fiscal Dolly Fernández, que estaba obligada a impulsar la acusación, no sospechara el despliegue de una maniobra dilatoria y pidiera un examen oficial sobre la salud del acusado a través de la intervención de la Instituto Médico Forense (IMF).

Al contrario, un mes después fijaron nueva fecha de debate para noviembre de 2017, que también fue suspendida por “razones de salud” de Romero. Esta vez los jueces pidieron que interviniera los médicos forenses del IMF, tras lo cual señalaron nueva audiencia de debate para marzo de 2018. Llegada la nueva fecha se produjo la inhibición de la camarista Lidia Lezcano de Urturi, y con ello una nueva suspensión hasta julio de 2018.

En esta nueva fecha el camarista Ernesto Azcona admitió que no podía integrar el Tribunal porque había intervenido en la causa anteriormente como fiscal. Así volvió a suspenderse el juicio hasta el mes de agosto de 2018.

De esta última composición se bajó también el camarista Víctor del Río, que se supone no estaba de acuerdo con la estrategia diseñada para premiar al ex ministro de Ángel Rozas. La Cámara quedó constituida únicamente por su presidenta, la juez Gloria Beatriz Zalazar.

La audiencia finalmente se concretó el 17 de septiembre de 2018, cuando la causa ya había prescripto por el vencimiento del plazo para juzgar a Romero. La audiencia fue apenas un trámite para que la fiscal Dolly Fernández planteara la extinción de la acción penal, o sea que Romero tranquilamente escapó, sin ningún esfuerzo.

El final de la historia cerró blondamente en el acuerdo entre la juez Zalazar y la fiscal Fernández, que compartieron que “la fecha de prescripción es de marzo de 2018, razón por la cual (…) opera el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del Sr. Jorge Humberto Romero”.

Boomerang de cheques

Los hechos defraudatorios ocurrieron en el año 2001, tras un convenio firmado dos años antes entre el Ministerio de Salud de Chaco, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Insssep con la finalidad de brindar atención físico social integral a los beneficiarios de pensiones no contributivas afiliados al PROFE, que eran los pobres más pobres y desatendidos del Chaco.

Nación enviaba a Chaco fondos a una cuenta abierta en la Sucursal de Resistencia del Banco de la Nación Argentina. Esos fondos y la cuenta eran para uso exclusivo para el funcionamiento del Convenio. El Gobierno chaqueño gerenció el Programa para lo cual creó la Unidad de Gestión Provincial (UGP) mediante el Decreto 1089/00, del 21/06/00. Como integrantes de la UGP fueron designados Marcelo Mario Vázquez (coordinador), y dos subcordinadores que fueron Rolando Augusto Romero y Carlos Delgado, este último mano derecha y hombre de máxima confianza del ministro Romero.

Contra la cuenta del Banco Nación se libraron cheques que se acreditaron en una cuenta corriente en el Nuevo Banco del Chaco, que fue abierta a nombre del “Ministerio de Salud Pública- Programa Federal de Salud del Nuevo Banco del Chaco”. Romero solicitó “la apertura” de esa cuenta, pero nunca la declaró. Así figura en la sentencia.

Los fondos transferidos por la Nación fueron depositados en la Sucursal de Resistencia del Banco Nación. Luego pasaron a la cuenta no declarada del PROFE en el Nuevo Banco del Chaco (Cuenta Corriente N° 128400/6). Los firmantes habilitados para librar cheques eran Carlos Oscar Meretta y Jorge Eduardo Suárez. En el expediente quedó acreditado que Suárez no firmó los cheques, sino que falsificaron su firma. A pedido del ex ministro los cheques fueron emitidos a su nombre en concepto de anticipos de gastos y terminaron depositados en cuentas abiertas por Romero en el Banco Credicoop y la desaparecida Banca Nazionale del Lavoro.

Una primera investigación del Tribunal de Cuentas intimó a Romero a justificar esos movimientos. El ex ministro presentó facturas por presuntas compras de insumos de la firma Alfa Uno, con supuesto domicilio en Zabala 1736 de Capital Federal. Se comprobó más tarde que la documentación era falsa y que no existía el presunto proveedor.