La Provincia
Rolando Núñez sobre los casos de lavado de activos

"La Justicia debe condenar los actos de corrupción"

Desde el Centro Mandela se publicaron tres documentos señalando como se desviaron fondos con la justificación de asistencia a los sectores más vulnerables.

El Coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, detalló el estado de las causas que investiga la Justicia Federal en la provincia del Chaco, que involucra a funcionarios públicos de la gestión del gobernador Domingo Peppo.

En declaraciones a Radio Sentidos, el programa de Arturo Cavallo, y a través de Skype, Núñez relató que: “La gestión de Peppo se caracterizó por la falta de transparencia, por hechos concretos de posible corrupción que se están investigando en una provincia en donde el Poder Judicial siempre ha sido adicto y complaciente al poder político, en unas etapas más y unas etapas menos. Y en ésta, la situación es verdaderamente escandalosa”.

En cuanto a las causas de lavado, Núñez opinó: “Intervino muy bien la Justicia penal federal del juzgado federal a cargo de la doctora Zunilda Niremperger y el fiscal, Patricio Sabadini, que a fines del año 2018 comenzaron a investigar hechos de posible corrupción en tres espacios específicos que luego dieron origen a tres mega-causas judiciales que el periodismo local definió como Lavado I, Lavado II y Lavado III”.

Explicó que el Lavado I comprendió la investigación de actos de posibles hechos de corrupción durante la gestión de Jorge Capitanich, específicamente en el área de Desarrollo Social, en todo lo que era el manejo de programas sociales de asistencia a los sectores más vulnerables que necesitaban un kit de materiales para construir una pieza o un baño, un kit de herramientas, elementos propios y esenciales de cualquier hogar humilde y otro tipo de asistencia que se brindaba a través de ese Ministerio, a cargo del licenciado Lugo, entre los años 2013/2014.

Desde el Centro Mandela se publicaron tres documentos señalando como se desviaron fondos con la justificación de asistencia a los sectores más vulnerables.

El ministro Roberto Lugo era un comerciante avezado y armó un sistema de polirubros donde se autocompraba y finalmente, en muchos casos, solamente entraban las facturas, pero no se entregaban los bienes de asistencia familiar a estas familias vulnerables.

 Núñez declaró: “Estos tres documentos dieron origen a la causa Lavado I en la fiscalía penal de Sabadini que me citó a comienzo de enero. Me señaló que estaba investigando hechos, no me dio precisiones y es lo correcto, porque un fiscal no puede abrir su investigación preliminar a terceros en la etapa de investigación con el matiz que habíamos divulgado en julio de 2017. En esa ocasión le entregamos una carpeta completa que avalaba nuestros documentos de 2014 y esa fue una pata de Lavado I”.

Continuó analizando la segunda pata, que corresponde al gobierno de Peppo, que apenas asumió trajo su equipo completo de cuando era el Presidente del Instituto de Viviendas de la Provincia del Chaco y su hombre de confianza era Horacio Rey. Este queda designado como Secretario General de Casa de Gobierno, la gran Mesa de Entradas del Poder Ejecutivo. Entre otras cosas allí se armó una organización destinada a manejar los fondos públicos que debían ser destinados al pago de propaganda oficial y se dio intervención a una empresa cuyo 99 por ciento de acciones es estatal, la Fiduciaria del Norte, dándole el formato de sociedad anónima.

Núñez explicó el funcionamiento de la Fiduciaria: “En ese organismo público encubierto en sociedad anónima se concentraron, a lo largo del tiempo, casi la mayoría de las compras de bienes y servicios que necesita el Estado dentro del marco del Poder Ejecutivo centralizado y descentralizado. Para dar un ejemplo del volumen de compra, señalo el año 2018. Esa Fiduciaria que sustituyó a todo el sistema de compra del régimen de contrataciones o casi todo, que se hacía antes a través de la Dirección General de contrataciones, el año pasado destinó más de 7 mil millones de pesos para comprar bienes del Estado. Desde una resma de papel a una ambulancia, un tomógrafo, elementos para una escuela y muchos de los bienes que se manejan en el marco del programa de Desarrollo Social”.

Y agregó: “Es una financiera encubierta que funciona bastante bien en la city porteña. Formó un paquete millonario para pagar a periodistas, medios de comunicación, fundaciones y al cabo de la investigación que comenzó en la Fiscalía Federal que siguió la Juez Federal, encontraron los primeros indicios que muchas pautas de publicidad y propaganda se pagaban a fundaciones fantasmas, se financiaban viajes a Europa, facturándose por algunas de esas fundaciones”.

Por otro lado, se refirió a los audios filtrados del Procurador Jorge Canteros que fueron publicados en el programa de Tomas Méndez, en los que está conversando con el Vicepresidente de la Fiduciaria del Norte, imputado en la causa, refiriéndose al fiscal Otero que integra el equipo de tres, “se le saltó la cadena”. El escándalo fue mayúsculo. El impacto fue altamente revelador por la promiscuidad del funcionamiento de los poderes del Estado.

Núñez adelantó que: “Será juzgado el Procurador a través del Concejo de la Magistratura, se lo va encubrir, va pasar de largo, pero en definitiva en ese programa de tv quedó en evidencia la profunda crisis del Poder Judicial que al cabo de tantos años de pérdida de independencia externa e interna, terminó por ser un poder que garantiza la impunidad para aquellos funcionarios que cometen delitos”.

Por último, remarcó que la justicia debe condenar los actos de corrupción en el manejo de fondos públicos por parte de funcionarios.

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