Judiciales y Policiales
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Carbón Blanco: decomisos y condenas de hasta 9 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Condenas de hasta nueve años a miembros de una banda dedicada a lavado del narco.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia (Chaco) condenó la semana pasada a los integrantes de la organización criminal que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, con penas de hasta 9 años de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En el juicio oral intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Mario Villar y Laura Roteta.

El veredicto alcanza al círculo íntimo de Salvatore, quien también había llegado como acusado al debate iniciado en marzo del año pasado, pero falleció durante su transcurso: su esposa, Silvana Susana Vallés, y su suegro, Santiago Vallés Ferrer, fueron condenados a 7 años; la condena más alta fue para su socio Ricardo Gassan Saba, a quien se le impuso la pena de 9 años de prisión. En tanto que su hija, Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, resultó absuelta.

El Ministerio Público Fiscal había señalado en su alegato que el mecanismo detectado consistió en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real, creadas al solo efecto de inyectar el constante flujo de dinero proveniente del narcotráfico, disimulando así su origen delictivo. El propio Salvatore ocupaba un rol central en las sociedades pantallas o designaba a personas de su círculo íntimo. Otra de las características principales de la operatoria tuvo que ver con la amplia diversificación de actividades económicas, que iban desde la construcción de edificios en de Mar del Plata hasta la producción cinematográfica.

Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada “Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes”, que tenía como objeto presunto realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras.

De esa forma, la investigación -desarrollada conjuntamente por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, por entonces a cargo del fiscal Carlos Sanserri, y la PROCELAC- pudo corroborar la existencia de una organización criminal transnacional, comandada por Salvatore, que generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar, en el mercado legal, el dinero de origen ilícito que provenía de su actividad como traficante de estupefacientes.

En su alegato, el Ministerio Público Fiscal detalló las sociedades involucradas en las maniobras y la participación en el delito de los imputados, ya sea a través de ellas o a título personal, según cada caso.  A saber:  Lugin SRL, Saint Maxime SRL, Abuela Clementina SRL, Casilugi SRL, Aristóbulo Del Valle SA, Milenio Bienes Raíces SA, Casilugi Corporation -en Estados Unidos-, Ruth Steinberg  LLC  -también en EEUU-, Fuerte Plan SA, CS Entertainment SRL y Manos Digitales Animation Studio SA, General Paunero 2256 SA, Libres Ddel Sud 2079 SA y LBC  Service  &  Consulting  SA. A su término pidió penas más altas que las impuestas por el TOF, a saber: 18 años para Gassan Saba, 15 para Vallés padre e hija y 7 para Carla Salvatore.

Decomisos

Por otra parte, el veredicto contempló el decomiso solicitado por el MPF y que se le dé de baja a las sociedades identificadas en la maniobra. En esa línea, la Fiscalía había pedido que se le corra vista de la resolución a la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación para que disponga el destino con fines sociales de los bienes en cuestión.

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