Hay casos citados de las provincias de Salta, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Chaco. En esta provincia la periodista Fabiola Czubaj, del diario La Nación, consultó al Centro Mandela.

En su página web La Nación reseñó que Chaco es una de las tres provincias con más cantidad de “madres niñas”, junto con Misiones y Formosa. Este medio señaló que “el Centro Mandela viene denunciando embarazos infantojuvenibles por abuso, principalmente en chicas de pueblos originarios que viven en malas condiciones sociosanitarias. Señala, también, la falta de acceso a la educación sexual integral y la interrupción legal del embarazo en los casos de riesgo”.

Recordó luego que “en esa provincia, una chica wichi de 13 años, con la salud debilitada por un estado de desnutrición avanzada, dio a luz a las 29 semanas de gestación. Ambos murieron”. “El caso es un caso extremo, pero representativo de una situación extrema donde no hay asistencia social. No se hace absolutamente nada”, escribió, entonces, Rolando Núñez, del CENTRO MANDELA.

Salta y Buenos Aires

Recordó además el diario La Nación que el año pasado, el embarazo de una chica de 10 años forzó a la provincia de Salta a adherir al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” o ILE que rige desde 2015.

La menor llegó al hospital con fuertes dolores abdominales. Durante la consulta, contó que su padrastro abusaba de ella. Estaba embarazada de cinco meses, un período mayor que las 12 semanas que preveía un decreto provincial para acceder a la práctica.

No al aborto en el Hospital Rivadavia. Médicos se las vamos a cobrar”, se leía en una pintada en el exterior del hospital porteño. La fotografía se difundió vía Twitter en octubre pasado cuando integrantes de grupos Provida denunciaron que “podría estar por ocurrir un delito” para frenar una ILE.

Daniel Pavlovsky, fiscal en lo Criminal y Correccional porteño, desestimó la presentación judicial: “Solo contamos con una apreciación personal que hace una persona que evidentemente se encuentra en contra de la práctica médica del aborto y que eso lo ha llevado a efectuar esta denuncia, en la que, sin poder fundarlo en ningún dato objetivo, consideró que en un hospital público harían un aborto a una mujer por fuera de la ley”, argumentó.

Córdoba y Entre Ríos

Hace 15 días, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba confirmó la vigencia de las guías para la atención de los abortos por las causas que determina el Código Penal. Fue tras rechazar la presentación de una ONG para suspender su aplicación tras el fallo de 2012 de la Corte Suprema de la Nación, que instó a los gobiernos provinciales a elaborar un protocolo para garantizar el acceso a la práctica.

Como en el caso de la mujer de Entre Ríos, que ahora el Estado provincial deberá indemnizar por las complicaciones que sufrió luego de que se le negara el acceso a la ILE por una de las causas que prevé el Código Penal, la implementación de la práctica en el día a día en nuestro país sigue encontrando obstáculos, que son más políticos e ideológicos que médicos.

Hay casos en los que el sistema judicial los destraba lo suficientemente rápido como para garantizar a tiempo el acceso a la práctica, pero muchas de estas situaciones se transitan sin esa posibilidad de acuerdo con lo que la normativa vigente contempla desde hace 97 años. Y no siempre las controversias que surgen tienen que ver con los criterios clínicos al evaluar cada caso.