Política
Yo soy tu amigo fiel

Aída Ayala, acorralada por la ley y protegida por el blindaje corporativo

La diputada nacional, Aida Ayala, junto al presidente Mauricio Macri. (Dibujo:NOVA)

Intendenta de Resistencia durante tres períodos continuados, entre 2003 y 2015, luego derrotada por Domingo Peppo en su intento de alcanzar la gobernación chaqueña, Aída Ayala fue designada por el presidente Mauricio Macri como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, cargo que desempeñó hasta 2017, cuando obtuvo una banca como diputada nacional por Cambiemos.

Como informó Real Politik, durante sus doce años de gobierno, la gestión de Ayala no se caracterizó por su transparencia, a punto tal que en 2014 fue denunciada por diputados del PJ chaqueño por graves cargos, que incluyeron el lavado agravado de activos, la evasión, la asociación ilícita y la administración fraudulenta por las irregularidades. La piedra de toque fue el contrato para recolección de residuos sellado con la Empresa Pimp SA, que ascendió a 500 millones de pesos.

Los fundamentos destacaron que dicho acuerdo fue sellado un año antes de concluir su gestión, con una empresa que no acreditaba ningún antecedente en el rubro, y en la que –por si esto fuera poco- el ex yerno de Ayala, Alejandro Fischer, es uno de los accionistas más importantes.

El ex yerno de Ayala, además aún se desempeña como apoderado de la Fundación Construir, creada por la propia Ayala, y que la Justicia sospecha que sirvió como herramienta clave del circuito de lavado de dinero. Un dato de último momento en ese sentido, tiene que ver con el cierre del local que oficiaba de sede, ubicado en Remedios de Escalada al 400 (Resistencia).

A raíz de las denuncias, la justicia chaqueña dispuso la detención, procesamiento y prisión preventiva tanto de Alejandro Fischer como la de Ayala. En tanto Fischer fue detenido, Ayalaapeló a refugiarse en sus fueros, no sin antes proclamar: "Estoy a disposición de la Justicia".

"No es la primera vez que me sucede –agregó la diputada-. A lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales”. Esta afirmación fue desmentida por el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas provincial cuando Ayala concluyó su tercer mandato, en el que se confirmaron irregularidades de todo tipo: incremento de personal y pases a planta masivos y sin concurso reglamentario alguno, sobre todo durante el último año de su gestión. Entre septiembre de 2014 y noviembre de 2015 el personal del municipio pasó de 3179 empleados a 5514.

El informe destaca la falta de respuesta a los pedidos de informes solicitados, y la existencia de una deuda pública de 689 millones de pesos, de los cuales 76 millones corresponden a los diez días finales de su administración. También se detectaron numerosas órdenes de compra duplicadas con el mismo proveedor y por los mismos conceptos, aunque con códigos diferentes; la insistencia en realizar contrataciones directas sin concurso de precios, sobre todo en el caso de obras públicas que se pagaron pero no se realizaron, el uso indebido del Fondo Federal Solidario y la descontrolada emisión de cheques sin certificación de servicios como contrapartida, durante los últimos días de gestión.

Debido a la contundencia de las pruebas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso su procesamiento con prisión preventiva, por los "delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real". Inmediatamente, la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados de la Nación.

En el interim entre este pedido y su tratamiento legislativo, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia concedió a Ayala la eximición de prisión, aunque mantuvo su procesamiento. Esta modificación en la situación judicial de la diputada fue utilizada como argumento por los legisladores nacionales de Cambiemos para firmar, el 5 de junio pasado, un dictamen de rechazo al desafuero solicitado argumentando que el pedido se había vuelto abstracto.

El 5 de octubre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal de Resistencia revocó esa decisión, y confirmó el procesamiento de Ayala por los cinco delitos referidos: negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos. Asimismo, ratificó el procesamiento de otros doce acusados en la causa, y avaló la caracterización de Aida Ayala como jefa de una asociación ilícita.

Inmediatamente la jueza solicitó mediante un oficio la continuidad del procedimiento de desafuero. Esta decisión planteó un acalorado debate dentro de Cambiemos, respecto de la decisión a adoptar: si mantener los criterios de transparencia enunciados desde la campaña presidencial para preservar la imagen pública de la alianza gobernante, o bien actuar de manera corporativa, adaptando la ley a las influencias que detenta cada reo en particular.

Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura, trató de ganar tiempo y dilatar una definición. Para ello, solicitó que la magistrada remitiese una serie de “copias certificadas y completas de la causa”, previo al reinicio de su tratamiento legislativo.

Mientras tanto, y en una confusa maniobra, cuatro días después de confirmado su procesamiento Aida Ayala fue internada en el sanatorio Güemes de la capital chaqueña por un malestar físico, sobre el que no se dieron mayores precisiones: "Si no tuviera fueros, Ayala estaría detenida", declaró entonces el fiscal Sabadini (Patricio).

Pero la cuestión no quedo allí. Hacia fines del mes de octubre los camaristas habilitaron una nueva apelación, por lo que Tonelli creyó llegada la oportunidad de archivar definitivamente la solicitud de desafuero. Por esta razón envió una carta a los miembros de la comisión parlamentaria, donde destacaba: "El 30 de octubre de 2018, la Cámara Federal de Resistencia concedió el recurso de Casación contra la confirmación de la prisión preventiva interpuesto por la diputada Ayala. Ello implica que mientras esa apelación se encuentre pendiente no hay motivo para el desafuero, dado que no existe restricción alguna a la libertad ambulatoria de la diputada Ayala. En definitiva, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva la apelación, se convocará a la comisión a fin de resolver, de manera definitiva, el ya mencionado pedido de desafuero”. A continuación convocó a una reunión de la comisión para despachar el trámite.

Tonelli no contó con el “fuego amigo”. Los legisladores de la Coalición Cívica, liderados por “Lilita” Carrió, se negaron enfáticamente a acompañar su criterio, denunciando que formaba parte de un acuerdo con el FPV para conseguir la exención de prisión de Ayala y de Cristina Fernández de Kirchner.

Al presente, la situación de a diputada Aída Ayala pende como una espada de Damocles sobre la alianza gobernante. Ricardo Gil Lavedra, abogado de la chaqueña, se encuentra preparando un recurso excepcional ante Casación, para evitar que sea la Corte Suprema la encargada de dirimir la cuestión, lo cual acrecentaría aún más la situación de debilidad que experimenta el gobierno respecto del máximo tribunal. En términos políticos, la cuestión no es menos grave, ya que tanto el desafuero como su denegación generarían sospechas en plena definición del proceso electoral del año próximo.

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