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Vulnerabilidad en sus derechos constitucionales

José Giuggia: "gratuidad en medio de transporte para discapacitados"

José Giuggia, dirigente de Asociación Civil APADICHA.

Es la realidad que atraviesan las personas con discapacidad cuando por tratamientos de salud deben trasladarse a centros de altas complejidad a Capital Federal. Pese a estar protegidos por la convención internacional, leyes nacionales y provinciales de discapacidad.

Los viajes en transporte público de larga distancia van en aumento, porque crece la población de personas con discapacidad. El Estado nacional muestra desinterés en el cumplimiento de las legislaciones existentes como por ejemplo hacer cumplir el parque automotor con unidades adaptadas para medias y largas distancias, unidades accesibles.

Según estimaciones del Ministerio de Transporte de la Nación, se calcula que cerca de 100 mil personas con discapacidad y trasplantadas, viajan en un micro de larga distancia en Argentina en forma gratuita, amparados por las leyes 22.431 y 26.929.

Una de las posibilidades a las que accedieron las personas con discapacidad es poder sacar pasajes gratis online. Para lograr mayor comodidad y velocidad en el acceso al servicio, los usuarios de micros de larga distancia, pueden evitar el trámite presencial, reservando sus boletos a través de la plataforma digital lanzada por la Comisión Nacional de Regulación del transporte.

El Estado Nacional mostraría una lenta colaboración con el control adecuado para que den cumplimiento las empresas involucradas a prestar la gratuidad del boleto. Según informes: las dificultades para adquirir pasajes para personas con discapacidad es una de las principales quejas en la CNRT.

El dirigente Social José Giuggia dijo que “según el análisis hecho por su organismo de fuentes periodística que están en las redes sociales los reclamos por gestiones y ventas de pasajes para personas con discapacidad están a la cabeza de las quejas de las y los usuarios de transporte. Las principales tienen que ver con que las empresas no les dan el pasaje a personas con discapacidad para viajar”.

Giuggia explicó que “una de las quejas más importante es la espera de pasajes, por lo que establece el Decreto 118/06: sólo puede viajar una persona con discapacidad con un acompañante en cada ómnibus de 54 pasajeros. Y la mala predisposición de las empresas de cumplir con el derecho de que se conceda el asiento en la parte baja del micro cerca del sanitario”.

“Esta restricción es la que los usuarios piden corregir. Como organización civil creeríamos que hace más de 2 años que los organismos nacionales dedicada a este contralor discriminan a esta población. El Estado Nacional vulnera el derecho de las personas con discapacidad y no obedece el fallo de la corte suprema de justicia de la nación”, añadió.

Un fallo que legitima la gratuidad y pasajes sin cupos

El referente se fundamentó en un fallo de la corte suprema de justicia en Neuquén, en 2010, dónde no quedaron dudas de la gratuidad de los pasajes sin cupos y que todas las personas con discapacidad viajen sentados con sus acompañantes.

El fallo refiere al transporte gratuito en el trayecto que medie entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.

“Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas a contralor de la autoridad nacional no deben cobrar pasaje a las personas con discapacidad, según dispuso hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal estableció ese criterio al declarar la inconstitucionalidad de un decreto del año 2006 que reglamentó la protección integral de los discapacitados, sin incluir ese derecho.

Esa norma, declarada ilegal, disponía que esa obligación de transporte se limitaba a una plaza para el discapacitado y una para su acompañante si el servicio cuenta con hasta 54 asientos, y de 2 plazas para discapacitados y acompañantes si la capacidad fuera mayor.

“Pedimos en forma urgente generar las modificaciones indispensables para que organismos y servicios de atención, como la línea gratuita, que usan personas con discapacidad funcionen y no generen más discriminación y la derogación de El Decreto 118/06 marca una problemática a solucionar”, concluyó Giuggia.

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