También se refirió al fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró inconstitucional propia ley de Emergencia y advirtió que “da la sensación de haber sido confeccionado el año pasado, pero por alguna razón se dio a conocer en las últimas horas”.

Haciendo un análisis de la coyuntura en que surge prórroga de la norma, Sánchez indicó que “tenemos una situación financiera con déficit que venimos arrastrando desde 2016, y ya vemos que este año va a ser similar”. “Con lo cual, la emergencia es un paraguas protector de las cuentas del Estado ante distintos acreedores por deudas originadas por aquella acordada del STJ de 1991, que en casi todos los casos están en plena ejecución de sentencia”, profundizó.

El legislador fustigó en ese sentido a sus pares de la oposición y aseguró: “Argumentaron que no hay emergencia en la provincia, pero analiza sus intervenciones en prácticamente todas las sesiones del año, notará que en cada una de ellas han planteado la necesidad de decretar distintas emergencias, pedidas además por distintos sectores como los productores rurales o los consorcios camineros, entre otros”.

Sánchez entendió la función de los legisladores “no puede ser sustituida por la sentencia de Superior Tribunal de Justicia” que decretó la inconstitucionalidad de la ley en tanto esto supone trámite judicial que “tendrá luego una revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, tal como lo anticipara el fiscal de Estado, Luis Mesa, quien ya anunció el recurso extraordinario federal.

De todas maneras, para el legislador, “si la Corte repite los criterios que viene sosteniendo hace muchos años, lo lógico es que decrete la constitucionalidad de la Ley de Emergencia, más aún cuando dentro de la norma y en el Decreto Reglamentario 2092/16 se establece todo el sistema a través del cual los acreedores se cobrarán sus créditos.

Un fallo cuestionable

El legislador se mostró sorprendido además por el fallo del Superior Tribunal de Justicia en la causa González Kriegel María del Carmen, Dosso Oscar Alberto y Dosso Marcelo Alejandro c/ Provincia del Chaco s/Ejecución de Sentencia. Allí, en el marco de la ejecución de sentencia por haberes adeudados en función de aquella acordada del STJ del año 91, las doctoras Iride Grillo y Chavarría decretaron la inconstitucionalidad de la ley.

“El fallo adolece de contradicciones increíbles, como manifestar, no en una sino en dos ocasiones, que la ley 7751 no había sido reglamentada cuando, justamente, el Decreto 2092 establece todo un sistema a través de cual los acreedores podrán percibir su crédito”, reflexionó el legislador.

Incluso, Sánchez agregó que “en varios lugares de la sentencia se habla de una construcción de la misma que data del año 2016”, lo que para Sánchez “sin dudas, genera suspicacias en orden a las causas de la aparición del fallo en los últimos días, cuando ya estaba confeccionado el año pasado”.

Sánchez respondió también a la Asociación de Funcionarios de Poder Judicial, e insistió en que “no hay ninguna presión indebida a los jueces si uno se expresa respecto de sentencias ya formalizadas”. “Si uno emite opinión antes de la confección de la sentencia, podría considerar la decisión judicial, pero si ésta ya está hecha, en modo alguno opinar sobre ella es avasallar la independencia de los jueces”.

“Por eso, ya que hablamos de la Constitución, ratifico que tengo todo el derecho de opinión garantizado constitucionalmente y no lo invoco como legislador sino como ciudadano”. “Voy a velar por la independencia de los jueces, y tendré todo el derecho de quejarme si hay una sentencia que considero arbitraria, por lo que espero que la Corte Suprema nos dé la razón”, cerró Sánchez.