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La preocupación de los padres

Discapacidad, violencia, discriminación, educación pública

José Giuggia, especialista en Integración e Inclusión Social Educativa – Discapacidad.

Los alumnos con discapacidad son más vulnerables a la discriminación y a la desatención estatal, esto lleva a los padres a reclamar sus derechos en las instituciones educativas.

La violencia (maltrato verbal, degradar, ridiculizar al niño) y discriminación en las escuelas siempre hubieren existido, hoy se hace público como otras formas de violencia, psicológica, institucional, abuso de autoridad, que cada día crece.

A causa de estas actitudes los padres que pasan por estas situaciones son cada vez más, que hasta se han unidos en asociaciones civiles. Se propusieron eliminar las barreras de aquellos profesionales que se sentirían con la autoridad de decidir a qué escuelas deberían asistir nuestros hijos con discapacidad.

Ejercerían una persecución hasta expulsarlos de la escuela común, destruyendo la autoestima y provocando retrocesos graves y a veces irreversibles en los niños.

Es que no sólo se verían sometidas a la violencia física y psicológica de parte de quienes se aprovecharían de su trastorno, sino a otro tipo de agresiones capaces de denigrar su dignidad como personas que muchos no podrán contar lo que les hacen.

La falta de capacitación continua de los docentes y de control de quienes corresponden, como dictan las convenciones internacionales y siguiendo por las normas internas de los organismos educativos de cada provincia, hacen a la gran confusión que nunca coincide con respecto a la temática discapacidad.

Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

Que son claras en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad respecto de cómo es la inclusión educativa.

Artículo 24 Educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida.

Tal es la preocupación frente a esa situación que una revisión encargada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicada en la revista médica The Lancet arrojó que los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que el resto.

Precisamente, los factores que determinan que los niños con discapacidad tengan un riesgo mayor de ser víctimas son el estigma social, la falta de capacitación continua e interpretación de las convenciones internacionales, leyes nacionales y provinciales que llevan a la discriminación de los profesionales de la educación que esperan todo del estado, que no se dan por aludido que ellos son el brazo ejecutor de las políticas públicas educativas.

Señaló el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos y Discapacidad de la OMS. "Los resultados de esta revisión demuestran que los niños con discapacidad son desproporcionadamente vulnerables a la violencia y que sus necesidades se han desatendido por demasiado tiempo".

Esa investigación internacional de 17 estudios a unos 18.000 niños con discapacidad de países de ingresos altos, compromete a la urgente necesidad de investigaciones de calidad en paises del subdesarrollo.

En Argentina las organizaciones civiles sin fines de lucro, entre otras, están demostrando continuamente un llamado de atención y compromiso por la discapacidad y, especialmente, por la violencia que padecen los niños con y sin discapacidad.

Las escuelas y los maestros son especialmente entrenados para atender estas afecciones no se dan cuenta lo que significa ser profesionales de la educación, estudio, capacitación, interpretación de las legislaciones y normativas.

El estado nacional desde el año 2009 está enviando materiales para las capacitaciones continuas sobre inclusión educativa que no está demostrado (teoría y práctica de la educación inclusiva). Pero todo resulta poco, cuando nos enfrentamos a la falta de profesionalidad y responsabilidad de los servidores públicos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por las Naciones Unidas, destaca la necesidad de proteger los derechos de los niños en esa situación y velar por que logren una participación plena y en pie de igualdad.

El informe de la OMS también hace referencia a la necesidad de externalizar cada vez que se pueda a los niños que son internados como consecuencia de su discapacidad.

Y explica que la vulnerabilidad ante la violencia aumenta cuando son recluidos en establecimientos especiales, donde los niños con problemas neurológicos, no pueden denunciar los maltratos y la violencia.

En nuestro país se han multiplicado los organismos y se habla demasiado de inclusión social y educativa de las personas con discapacidad Sin embargo, no es mucho lo que se ha hecho.

Tal como ha sostenido el doctor Mark Bellis, director del Centro de Salud Pública de la John Moores University, de Liverpool, "los efectos de la discapacidad de un niño en su calidad de vida dependen en gran parte de la manera como son tratados por otras personas".

Los gobiernos deben asumir todas sus responsabilidades en ese sentido, sumándose y apoyando la importante tarea que, desde siempre, han venido realizando las familias y las organizaciones de la sociedad civil.

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