El vicepresidente 1° del Consejo, Rubén Acosta, explicó al defensor que el objetivo es denunciar la situación anómala que ocurre en la provincia, donde no se respeta la ley promulgada el año pasado: “El 31 de enero el subsecretario de Gestión y Articulación, Néstor Fantín, sacó un decreto que se superpone a la ley 7942. Queremos que esto sea anulado porque es inconstitucional debido a que un decreto no puede jamás modificar la naturaleza de una ley”, remarcó.

Corregido explicó que la Defensoría del Pueblo va a analizar la documental presentada y adelantó que se realizarán los planteos judiciales que correspondan para evitar el avasallamiento de la ley. “Es necesario que se tenga en cuenta la voluntad del Consejo Provincial de Adultos Mayores que no sólo está listo para funcionar, sino que además participó de la elaboración de la norma mostrando la realidad de las personas de la tercera edad”, precisó el ombudsman.

A pesar de que el Consejo cuenta con el mandato otorgado por un plenario provincial el año pasado, nunca fueron convocados como lo indica la ley. Los integrantes cuentan con un mandato vigente desde el 2015 hasta el 2018 y piden ser tenidos en cuenta para la elaboración y planificación de actividades para las que fue creada el órgano.

“No contamos con los recursos para dar a conocer los derechos, finalidad con la que se creó el Consejo. Por ello, denunciamos la interferencia de la subsecretaría del contador Fantín, que se arroga funciones que competen exclusivamente a este Consejo”, explicó Oscar Salinas, vocal titular del Consejo.“Nosotros buscamos que la sociedad reconozca que los adultos mayores quieren participar en las acciones diarias de la familia y la comunidad”, concluyó Acosta.