Lo cual establece el cupo de una persona con discapacidad con acompañante por ómnibus de 54 pasajeros. La derogación solicitada por la organización civil se fundamenta en un fallo de la Suprema Corte que declara la inconstitucionalidad del decreto del año 2006.

El fallo se dio en el marco de una acción de amparo presentada por una familia constituida por dos adultos y dos menores, todas personas con discapacidad que para movilizarse requerían acompañantes.

Actualmente es sin cupos de plazas, Debido a este fallo

La corte dispuso que si bien según el art. 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo está habilitado, por medio de sus facultades de reglamentar las leyes, para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones aun cuando no hubiesen sido expresadas por el legislador de una manera expresa.

La reglamentación debe ajustarse al espíritu de la norma reglamentada o servir, razonablemente, a la finalidad que ésta persigue.

Giuggia dijo para que no exista confusión pedimos que se derogue el decreto

“La legislación existe, pero no se cumpliría como debiera y se siguen dando grandes subsidios a las empresas de larga distancia, sin transparencia y no se saben los costos.

Por otra parte explicó el pago de subsidios a las empresas de ómnibus de larga distancia dispuesto por el Estado Nacional a través de la resolución 53 E/2017 del Ministerio de Transporte, transfiere 15 millones de pesos mensuales a las empresas destinadas para viajes de personas con discapacidad y trasplantadas, pero no llegaría el beneficio para todos.