Opinión

Sobre juicios políticos y destituciones

Sergio Almirón opinó sobre la destitución de Casalboni.

Por Sergio Almirón (Abogado), especial para NOVA

Todo acto de destitución de un Intendente electo por la voluntad popular debe llamarnos a la reflexión en razón de que, por más que sea a través de mecanismos establecidos por ley, no deja de ser un hecho político anormal y que sacude las bases de las estructuras democráticas.

Que en estos días tengamos el caso del Intendente Sergio Casalboni, en la Ciudad de Quitilipi, quien ocupa ese cargo en virtud del triunfo de del frente “Vamos Chaco”, donde como UCR-NEA se acompañó, se participó y se realizó el esfuerzo electoral para aportar a esa victoria, nos obliga a su análisis.

El esquema de control entre diferentes poderes del estado, plasmado en los procedimientos de juicio político, siempre ha sido motivo de controversia por sus características, en razón de tener una ambigüedad entre lo jurisdiccional y lo exclusivamente político.

Cuando se discuten hechos relacionados a una gestión de gobierno, o a la manera de llevar adelante un municipio o sobre la valoración de cuestiones particulares de una administración municipal, siempre estamos sujetos a que lo que se decida en un proceso de juicio político, esté atado a ambiciones individuales que se sirven de instrumentos legales para crecer y concretarse, como también a intereses partidarios que constantemente pugnan en vías de tomar el poder.

Entendemos que en el caso concreto del proceso contra el Intendente Casalboni aparecen de manifiesto esas características disvaliosas. La existencia de hechos controvertidos, que pueden ser revisados por instancias judiciales de manera más profunda, amplia y con mecanismo de prueba más precisos, hacen que la materia de aquellos juicios políticos en que se discutan ese tipo de cuestiones, deban manejarse con absoluta cautela y apegado a las normas que aseguren el derecho de defensa.

Allí están agazapadas las apetencias individuales, las mezquindades políticas y las intenciones de acceder a un cargo sin pasar por el examen de la voluntad popular. Estos son escenarios propicios para que todo el andamiaje democrático establecido en las leyes corra peligro y, en donde los medios constitucionales son utilizados con fin distinto para el que fueron creados.

Ante este tipo de situaciones, donde el trasfondo es más político que administrativo, ¿qué garantía puede tener el ciudadano que su voluntad sea respetada y no alterada por caprichos, ambiciones e intereses partidarios?, ¿Cómo pueden funcionar las instituciones cuando los electos por la voluntad popular empiezan a asumir roles de tipo “judicial”?

Es cierto, el sistema normativo vigente lo contempla y lo permite, pero la gravedad institucional aparece cuando esas facultades se alteran y en un abuso e interpretación sesgada, pasa a ser instrumento de una persona o de un sector para justamente violentar la voluntad popular. Algo de eso se evidencia en el procedimiento destituyente del Intendente Casalboni.

Eso preocupa. No es poca cosa resolver la destitución de un Intendente. Esa sanción máxima no puede ser aplicada de manera automática. La proporcionalidad de las penas debe primar sobre las posiciones extremistas, en todo caso una suspensión, un llamado de atención, una observación para un mejor apego a las normas resulta en estos procesos más adecuado.

La sanción más grave como es la destitución, debería aplicarse en los casos de que exista condena judicial firme o ante un hecho doloso incontrovertible (viene a mi memoria aquel intendente de La Calera, Provincia de Córdoba, que ordenó el asesinato de su esposa, el cual por razones obvias fue destituido de manera inmediata).

Desde el Nuevo Espacio Abierto entendemos que los órganos legalmente establecidos y en uso de sus facultades deben actuar y llevar adelante los procesos tendientes a ejercer el control que se les ha permitido, pero exigimos prudencia, imparcialidad y por sobre toda las cosas, responsabilidad, en razón de que como representantes del pueblo, elegidos democráticamente, deben ser respetuosos de esa voluntad popular.

Imponer “atajos” y condicionar a quien ha sido investido por el voto como representante de una comunidad, ya sea por amenazas, aprietes, imposibilitando su diario accionar en un Municipio, o anunciando desalojos por la fuerza pública no es lo que se espera en aquellos que tiene un rol de importancia en la vida institucional de una comunidad.

No se debe trasmitir de esa manera la tranquilidad que se merecen los vecinos. Un Municipio en conflicto, marcado por diferencias políticas y posiciones extremas, se paraliza, se contrae y no puede progresar. Esa situación debe ser superada y privilegiarse el bienestar de la comunidad. Ya vendrán los tiempos políticos, los tiempos de campaña, para poder cambiar lo que hoy se eligió.

Más allá de aciertos, errores, maneras caprichosas, o formas que para algún sector sea inadecuadas, en el ejercicio de la conducción de un Municipio, por parte del Intendente Sergio Casalboni, nadie puede discutir o impartir juicio de que es su persona quien debe definir el rumbo y el  plan de gobierno de su Ciudad, que eso puede gustar o no, pero que oportunamente y con todas las reglas de la Democracia, podrá ser puesto a consideración a través del voto en las urnas.

Como movimiento político, la UCR-NEA debe velar para que respete lo que los vecinos de Quitilipi eligieron a través de las urnas, más allá de las circunstancias coyunturales que se están dando en  las discusiones políticas entre los diversos protagonistas de esta situación.

Debemos garantizar que las instituciones funciones como debe ser en la vida democrática, de acuerdo a sus tiempos y sus distintas instancias, sean políticas o judiciales. Nos los exigen nuestros militantes, como también aquellos que vieron en la opción de “Vamos Chaco” y en la persona de Sergio Casalboni como la oportunidad del cambio en Quitilipi.

Y como reflexión final, sostenemos que la Justicia, a través de sus procedimientos, sus investigaciones y sus sentencias será en definitiva la que decida. Aguardar su pronunciamiento es la mejor manera de respetar la voluntad popular.

Dr. Sergio Almirón

Abogado

UCR-NEA

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