Mediante un comunicado de prensa, el Secretario General de UPCP, José Niz afirmó que “de modo urgente, debe realizarse la apertura de la negociación salarial para el primer semestre de 2017 y continuar en conversaciones durante el año, atento a los constantes aumentos en la canasta familiar y los servicios”.
“Actualmente, el 61 por ciento de los trabajadores perciben un salario por debajo de la Canasta Básica total, lo que representa que más de la mitad del Escalafón General está por debajo de la línea de pobreza”, expresó Niz. En este sentido, señaló que “la inflación, el aumento de las tarifas y el incremento de la canasta familiar, castiga a los salarios de los trabajadores, que nunca ven reflejados en sus ingresos la marcha de la economía”.
“Nos han aplicado aumentos en todos los servicios, y son insostenibles en relación con los salarios que se perciben, por eso exigimos que este año la mesa salarial se inicie en el mes de febrero, basada en la realidad del trabajador no en estadísticas que finalmente nunca reflejan la realidad que vivimos”, continuó el comunicado de Niz.
La realidad salarial de la Administración Pública
“Hemos perdido un 20 por ciento del poder de compra”, afirmó Niz, al tiempo que remarcó que la situación se agrava para los que ganan menos en un porcentaje exponencial, porque esa pérdida de poder adquisitivo trepa al 41 por ciento anual, lo que los ubica por debajo de la línea de pobreza”. Esta franja está conformada por el personal designado con la ley de pase a planta: Ley 6655 y aquellos que ingresaron por Concurso a la Administración.
Acuerdos sectoriales
“El Ejecutivo debe cumplir con los decretos dictados en materia de pago de insalubridad, 40 y 44 horas, y también con los acuerdos que trabajamos en mesas sectoriales el año pasado. Nuestros sectores con más bajos ingresos son los que más presión económica reciben y por ende su salario tiene que ser rápidamente recompuesto” señaló Niz.
Por último, sostuvo: “Deben pagar lo que nos corresponde y luego formular una pauta salarial consensuada, basada en la recuperación del poder adquisitivo del salario. Es el único ingreso con que cuenta el trabajador y por lo tanto es responsabilidad del Poder Ejecutivo desplegar todas las medidas protectorias necesarias para que la inflación no destruya la posibilidad de vivir dignamente y dar satisfacción a todas sus necesidades”.
