Don Florentino “Toio” Gauna (56), que vive solo en el paraje desde hace más de 45 años, es oriundo de Empedrado, la mítica ciudad correntina. Su casa, de chapa, cartón y plástico negro no resistió la embestida. Quedó en la calle. Perdió hasta sus ropas. El domingo ante pasado, mientras era asistido en un buque sanitario que navegaba en la zona, sufrió una grave descompensación. Los médicos recomendaron asistencia domiciliaria, pero Florentino ya no tiene casa. Se encuentra en una situación desesperante, agravado por su alcoholismo no tratado, solamente asistido por los vecinos y su sobrino Carlos Fernando Gauna.

Una vecina solicitó al Delegado de la Municipalidad de Puerto Vilelas, Gustavo “Keinchi” Barnes, que proveyera de algunas chapas para levantar el rancho de don Florentino. Este peculiar delegado, según el testimonio que recibió el Centro Mandela, se negó y había expresado que “esperen las próximas elecciones”. Según los vecinos, hasta hace pocos días Barnes traía al Paraje una cuadrilla de personas con material para terminar la construcción de su vivienda. También relataron que reciben ayuda solamente aquellos pocos vecinos con los que tiene buenas relaciones, dejando a la mayoría de la comunidad sin asistencia.

En Isla Soto viven 62 familias. Sus viviendas se concentran en la orilla del Riacho. La mayoría viven de la pesca, o sea que actualmente atraviesan una fuerte crisis en sus economías porque desde el 2 de noviembre está vigente la veda de la pesca comercial.

Quienes perdieron sus casas durante el último temporal con fuertes vientos no tienen lugares para reconstruir sus viviendas. La rápida y fuerte crecida del Río Paraná y del riacho Soto hizo que se perdiera tierras de la orilla. Las familias deben retroceder, pero quedaron encerradas en un pequeño espacio por el avance de los alambres perimetrales de los campos de los grandes ganaderos del lugar. Varios integrantes de las familias antiguas debieron emigrar por falta de espacio y en búsqueda de trabajo, educación y asistencia sanitaria.

A la Escuela 797 asisten aproximadamente 40 alumnos, incluyendo Jardín de Infantes y adultos. Los testimonios recibidos, que no fueron unánimes, señalan que es de muy baja calidad la enseñanza que se brinda y que los chicos pasan de grado sin haber aprendido lo que corresponde a cada nivel educativo. No aprenden a leer y tienen dificultades en matemáticas y en otras materias. La comprobación más concreta estuvo relacionado con niños que quieren hacer catecismo y que se encuentran con la dificultad de que no saben leer.

En el Soto formalmente no existe un puesto sanitario o una sala de primeros auxilios. Esto constituye una gran deuda del Estado. La comunidad siquiera cuenta con la asistencia de un enfermero. Carecen de medicamentos. Cada mes visita el lugar un médico, aunque no siempre. Cuando las familias reclaman, a veces reciben asistencia sanitaria. Se sienten abandonados porque en definitiva no cuentan con cobertura sanitaria. El Centro de Salud de Puerto Vilelas se reduce a atender a los enfermos que llegan desde los distintos parajes.

Tal cual ocurre en el Paraje Tacuaní y con las familias que viven en las costas de los riachos y del Río Paraná, la inmensa mayoría inscriben los nacimientos en las localidades o ciudades de la provincia de Corrientes porque los partos se producen en Empedrado o en Derqui.

Reconocieron los pobladores que el servicio que funciona bien es el de suministro de agua para consumo humano, a cargo del APA.

El paraje Isla Soto está ubicado a 45 kilómetros de Puerto Vilelas, de cuyo municipio depende, frente a la localidad correntina de Derqui. La comunidad vive en situación de clausura porque los ganaderos se apropiaron de las tierras fiscales con la complacencia del Instituto de Colonización, que fue entregando las mejores tierras a tales productores, que alambraron y encerraron a la comunidad, que terminó cercada entre alambres y la costa del riacho Soto y del Paraná, en una pequeña franja de tierra de 300 metros.

Antes vivían a campo abierto, o sea sin alambrados, lo que permitía mejor vida y abastecimiento. Las condiciones cambiaron desde 1997, cuando los ganaderos comenzaron a alambrar las tierras fiscales. En 1999 el Instituto de Colonización resolvió adjudicar 120 hectáreas de tierras públicas donde se asentó la comunidad rural de Isla Soto. Los pobladores nunca lograron la titularidad comunitaria de estas tierras. Gradualmente fueron perdiendo espacio por el avance imparable de alambres y tranqueras de los ganaderos, que terminaron por cercar a la comunidad.