Lo echaron el primer día de diciembre porque que faltó dos años
El primer día de diciembre, el gobernador Domingo Peppo firmó el decreto 2.586, mediante el cual se desafecta de la administración pública al agente Ángel Simón Romero, quien no fue a trabajar durante un largo periodo y sus inasistencias consecutivas llamaron la atención de su jefe inmediato.
En primer término, le suspendieron el sueldo e iniciaron un sumario. En la investigación se supo que estaba preso por varios robos y que tenía una condena de tres años. Este agente que cumplía funciones de ordenanza no concurrió a su lugar de trabajo durante dos años, pero una vez que salió de prisión se presentó a trabajar.
Romero era empleado de planta del área de maestranza y dejó de ir a trabajar el 1 de enero de 2015. Pero recién el 4 de mayo de 2015, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, donde revistaba, solicitó la suspensión de haberes por la falta de prestación de servicios. Y una semana después se solicitó informes a la Cámara Tercera en lo Criminal sobre la situación judicial del empleado, ya que habían tomado conocimiento de que se encontraba detenido.
La Cámara en lo Criminal respondió que Romero se encontraba detenido en la Comisaría Cuarta, acusado de “supuesto robo agravado por el uso de armas con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”.
El 14 de octubre de 2016, el empleado público recuperó la libertad y se presentó a trabajar. En esas circunstancias, se le reasignaron funciones y se dispuso la restitución de su salario.
Luego, el 28 de octubre de 2016 la Cámara Tercera en lo Criminal lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, al encontrarlo autor de tres robos a mano armada, todos cometidos el 12 de diciembre de 2014.
Por esos actos, y ajustándose al Régimen Disciplinario que considera causal de cesantía o exoneración la comisión de delito no referido a la Administración cuando éste fuera doloso y afecte el decoro de la función o prestigio del Estado Provincial, se le notificó de la formulación de cargos en su contra y se habilitaron las instancias sumariales pertinentes.
En el proceso se recibió la declaración de imputado de Romero, y éste presentó pruebas y testigos, y finalmente alegó en su defensa, pero el trámite no alcanzó para revertir el concepto que lo había llevado a la cárcel.
El caso de Romero es otro en los que la burocracia deja sentado un nuevo precedente. Es que recién este 1 de diciembre de 2017 se decretó la sanción expulsiva de cesantía para este empleado público condenado por ladrón.
El instrumento legal lleva las firmas de la subsecretaria Legal y Técnica, Ramona Rodríguez; el ministro de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Guillermo Monzón; y el gobernador Peppo.
