La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco se opone al proyecto de ley por el cual por el cual la Provincia del Chaco se adhiere a la ley nacional Nº 26052, de estupefacientes y solicita a los legisladores que se amplíe el debate a todos las partes que intervienen en la prestación del servicio de justicia y a la comunidad religiosa y civil, ya que el tema no es menor como para darle un tratamiento apresurado, que desistan de la actitud de sancionar leyes sin la consulta y el consenso de todos los actores sociales.

“Si la Justicia penal provincial tuviera que hacerse cargo de las causas por secuestros de estupefacientes en menores cuantías, aparte del colapso normal del trabajo que tiene esta área del Poder Judicial, producto del enorme crecimiento de la población en los más importantes centros urbanos de la provincia, estamos hablando que vendrían el 90% o más de las causas que se tramitan en los Juzgados Federales, cuyos trabajadores cobran cuatro veces más que los de la provincia por prestar el mismo servicio, por lo que no bastaría con crear un Juzgado de Garantías y tres Fiscalías”, expresaron a NOVA desde la UTJ.