La Provincia
Concesión y explotación de las salas de juego

Corregido: "La Justicia deja el camino libre para que caiga el amparo que busca transparencia"

El Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido cuestionó el fallo de la Justicia Administrativa.

La Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa del Chaco desestimó la medida cautelar que interpuso el Defensor del Pueblo Gustavo Corregido, para frenar la concesión y explotación de las salas de juego hasta que se dicte el pronunciamiento definitivo de la causa de nulidad del proceso de adjudicación de los casinos del interior.

“Lamentamos que la Justicia esté dejando libre el camino para que caiga el amparo que busca transparencia en un procedimiento irregular”, disparó el defensor al recibir la notificación y llamó nuevamente a la reflexión a los jueces para que se dé trámite a la acción judicial que pide la nulidad de proceso de licitación pública Nº 42/14.

“Estamos hablando de negocios que inciden en el capital de Lotería Chaqueña, entidad que financia obras y proyectos en beneficio de la ciudadanía, por eso pedimos la nulidad del proceso y que se llame a audiencia pública. Tenemos que lograr que la concesión sea lo más clara posible y se cumpla a rajatabla con la legislación vigente, para proteger el patrimonio de todos los chaqueños”, resaltó.

Corregido aclaró que, aunque no hay un dictamen concluyente, la desestimación de la medida de no innovar pone en riesgo la eficacia de una futura sentencia atento a que la tutela cautelar solicitada buscaba “impedir que la pretensión principal, por efecto del transcurso del tiempo, carezca de eficacia al momento de dictarse un pronunciamiento definitivo en la causa”, recordó.

“Todos sabemos que los litigios judiciales llevan tiempo, por ello lo que se pretendía era el dictado de una medida de no innovar a fin de que se suspenda provisoriamente los alcances de los decretos 121 y 127 del Poder Ejecutivo, evitando de esa manera que la explotación de los casinos se ponga en marcha hasta tanto se revise judicialmente el proceso licitatorio tan cuestionado. Finalmente serán los ciudadanos los que tengan que pagar un mal negocio para el Estado, por eso es inaudito que la Justicia no frene la concesión”, concluyó.

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