“Tal vez fue por haber reclamado desde la Defensoría las inacciones del instituto en varias oportunidades”, planteó y completó: “Hoy, en una decisión muy oscura, la Junta Electoral del IPRODICH nombra la continuidad en mandato irregular a Scheffer, vocal por las ONG’s del interior, que estaba en funciones”.

La Asociación Civil de Padres de Discapacitados del Chaco, representados por la postulante al cargo de vocal titular, Silvia Falcón, se presentaron ante la FIA para denunciar el mandato “irregular” de Scheffer, al tiempo que adelantaron que acudirán a la Justicia ordinaria de la provincia si no obtienen respuestas inmediatas.

Giuggia denunció además al defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, por haberlo dejado cesante en ese organismo el 17 de julio del año pasado, luego de “reclamar el derecho de concurso de antecedentes y oposición” para el área, indicó.

Giuggia se desempañaba como encargado de Relaciones Institucionales y Discapacidad. Según le explicó a NOVA, fue excluido del organismo “por reclamar el derecho que se llame a concurso para crear la estructura laboral del instituto, dado que todos los trabajadores del área son adscriptos de la Provincia”.

El ya ex funcionario motorizó el pedido debido a que la ley prohíbe el traslado directo de empleados públicos provinciales a la Defensoría sin rendir concurso de antecedentes y oposición. Pero su voz no fue escuchada. No sólo eso: como reprimenda recibió el despido.

Su caso no fue el único. Los funcionarios Ana López y Rafael Fernández también fueron despedidos por distintos motivos, aunque siempre “ligados al reclamo de que las cosas estuvieran bien hechas y que se cumplieran todos los derechos del ciudadano”, apuntó Giuggia.

El caso de López fue particular porque su adscripción fue rescindida recientemente luego de que la mujer sufriera un accidente de tránsito en momentos en que se trasladaba a su trabajo. Empleada judicial, técnica universitaria archivista y en Informática Aplicada, entre otros cargos, López integraba el cuerpo desde su creación, en 2012.

“Ella fue pilar importante en la creación del instituto y en la parte administrativa, colaboró con proyectos que nunca autorizó Corregido”, recordó Giuggia. La suerte de Fernández, en tanto, se echó en julio.

La situación resulta particularmente indignante en el caso de Giuggia porque tiene una hija con discapacidad. No sólo fue un pilar en el organismo y en el área de discapacidad del instituto, sino que además representa como miembro a la comisión de Discapacidad de la Cancillería argentina en el Chaco y a las ONG’s ante el Consejo Federal. Hoy está sin trabajo.