Considerandos

Entre los considerandos, el STJ precisa que “en Acuerdo Nº 3388 de fecha 01 de diciembre de 2015, después de haber evaluado las medidas de fuerza anunciadas por parte de la Asociación Judicial del Chaco y de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (U.T.J.CH.), consideró que dichas medidas, dispuestas en forma sorpresiva por ambos gremios, vuelven a afectar manifiesta e irrazonablemente el normal desenvolvimiento del Servicio Público de Justicia en la Provincia.

“Que en el mencionado Acuerdo se exhortó al personal judicial al fiel cumplimiento de sus deberes y al desenvolvimiento normal de sus tareas y se agregó que: ´…en caso de persistirse en conductas que priven a la población del servicio de justicia o lo perturben se dispondrán los descuentos pertinentes´.

“Que la Dirección General de Administración del Poder Judicial informó y aclaró a la comunidad en su conjunto y especialmente a magistrados, funcionarios y empleados de este Poder, en relación a los términos vertidos por el señor Walter Horacio Bernard, en su presentación como Secretario General de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCH), donde solicitara al Superior Tribunal de Justicia la reconsideración de las modificaciones introducidas en el concepto salarial “permanencia” invocando razones de desigualdad laboral y salarial, afectando derechos adquiridos, que: “El concepto “permanencia” como bonificación, se liquida y abona desde el 01/03/1990, resultando base de cálculo de los haberes jubilatorios desde igual fecha según los alcances y promedios fijados por ley 4044. El Superior Tribunal de Justicia en uso de sus facultades y dentro del marco de negociaciones salariales surgidas como consecuencia del Convenio de Armonización firmado con el Poder Ejecutivo (sobre el cual prestaron su conformidad los distintos gremios y asociaciones) dispuso modificaciones aplicables en dos tramos, desde el 01/05/2015 y desde el 01/08/2015, fundado en tres ejes sobre los que se observó cómo beneficios: 1. Generar un incentivo para el personal que continuaba desempeñando una tarea (relacionada por supuesto con el cargo que ostentaba) durante un período de tiempo, premiando a quienes permanecían en dicha categoría con aptitud y efectividad. Esta modificación propició que se beneficien quienes en general ya no tenían posibilidad de ascenso (por haber llegado a la culminación de la carrera) pero que continuaban dentro del sistema del Poder Judicial. 2. Permitir un régimen igualitario para todo el personal, en tanto los requisitos para acceder al incentivo ya establecido se fijaron en dos años, cuando con anterioridad existían categorías a las que se requería tres años de permanencia en el cargo para poder gozar del mismo. 3. Ampliar el universo de agentes beneficiados, incorporando una escala menor para quienes tenían un (1) año y hasta dos (2) años de permanencia en la categoría, que hasta la modificación propuesta no tenían acceso a dicho beneficio. Esto específicamente alcanzó a 187 agentes de los niveles iniciales principalmente, que hasta la fecha no percibían el concepto. Por lo expuesto, independientemente del incumplimiento formal por el cual se ha rechazado el recurso incoado por la Unión de Trabajadores Judiciales, resulta además una queja infundada, toda vez que el concepto “permanencia” se liquida y abona desde el año 1990, generando las modificaciones beneficios para todo el universo de trabajadores del Poder Judicial, respetado el espíritu de su creación, es decir premiar a quienes permanecen en un cargo por un período determinado de tiempo, con escalas crecientes para aquellos que continúan dentro del sistema judicial.”

“Que eludiendo el requerimiento formulado y sin que exista motivo que justifique la materialización de las medidas de fuerzas anunciadas, en el día de la fecha se ha corroborado con lo informado por la Dirección General de Personal que una gran cantidad de agentes se han retirado de sus lugares de trabajo o no asistieron a prestar normalmente las tareas los días 02, 03 y 04 del corriente injustificadamente.

“Que este Superior Tribunal ha demostrado responsabilidad, diligencia y gestión frente a los problemas que ponen en la superficie el principio de la independencia real del Poder Judicial, la discusión consiguiente de las respuestas presupuestarias debidas para desarrollar los programas y políticas de mejoramiento de condiciones de trabajo, optimización integral del servicio público de justicia, y para obtener una reformulación salarial para todos los sectores que integran el Poder Judicial del Chaco.

“Que este Cuerpo como garante constitucional de la normal prestación del servicio de justicia afectado, asume su responsabilidad de adoptar las medidas tendientes a garantizar el normal funcionamiento de la actividad judicial en forma efectiva, en resguardo del sistema republicano de gobierno y como custodio de las garantías ciudadanas de obtener la respuesta judicial correspondiente”.