La Defensoría del Pueblo expuso su postura sobre las falencias en la calidad del servicio
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos que, tras el análisis de la Audiencia Pública que se llevó a cabo ayer, una vez que se determine las necesidades en cuanto a mejoras en la calidad del servicio del transporte, el organismo estatal elabore y remita al ombudsman los planes de control de las concesiones en cuanto a frecuencias e higiene y el plan de inversiones en infraestructura de paradas de ómnibus y accesibilidad a unidades de transporte público para personas con capacidades diferentes.
En esa línea, el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, remitió el miércoles antes de la Audiencia Pública un documento en el que constan las apreciaciones en cuanto a la calidad del servicio que se evaluó, además de expresar “apoyo y compromiso con la gestión que en tal sentido se lleva adelante, teniendo como objetivo la defensa de los derechos de los usuarios y la calidad institucional de los órganos del Estado que intervienen en las respectivas concesiones del servicio de transporte público”.
Entre los puntos destacados, el documento enviado indica que “la reciente sanción de la Ley 7.636 crea dentro del ámbito de la Subsecretaría de Transporte Público, la Oficina de Atención a la Persona Usuaria del Transporte Público en el ámbito de la Provincia del Chaco”. Sobre esto se explica que es oficina “tendrá a su cargo la recepción de los reclamos respecto al servicio de transporte público en forma gratuita, ya sea por escrito, vía telefónica, mensaje de texto o correo electrónico. La ley de creación de la oficina de atención a la persona usuaria del Transporte público prevé también una línea 0800 y página Web”.
En relación a cuatro ítems básicos que engloban los problemas en la calidad del servicio de transporte público que comúnmente expresan los usuarios, la Defensoría del Pueblo sostiene que “la existencia de retrasos en la frecuencia del servicio evidencia una carencia de controles y un incumplimiento de las cláusulas contractuales pactadas para la concesión. Siendo la frecuencia del servicio un parámetro perfectamente definido en la relación contractual entre el concesionario y el poder concedente y factible de control por parte de las autoridades públicas, no deberían existir motivos para que los pasajeros padezcan demoras.
Respecto a la higiene de los coches, se detalla que “dentro de los cálculos de la tarifa del transporte público está considerado el lavado de los coches, motivo por el cual solo resta al prestatario del servicio el cumplimiento de las condiciones de higiene y al concedente el control de las cláusulas contractuales”.
En lo que refiere la infraestructura, sugieren que en lo que corresponde “a las paradas del transporte público debe considerarse la inversión que representa un diseño cuyas prestaciones brinden comodidad, seguridad, accesibilidad e información”, tales como resguardo suficiente ante las inclemencias climáticas y asiento, sumado a una iluminación adecuada.
Sobre la accesibilidad se remarca los pasajeros necesitan que “se eliminen las barreras arquitectónicas”. “La infraestructura correspondiente a mecanismos que permitan el acceso de personas con capacidades diferentes a las unidades del transporte público es una vieja deuda que mantiene el Estado con los usuarios. Respecto a ello es necesario que la concedente plantee en forma concreta cuáles serán los compromisos a los que se arribe para no tornar ilusorias las expectativas de mejora”, concluye.
