Giugga se desempañaba como encargado de Relaciones Institucionales y Discapacidad. Según le explicó a NOVA, fue excluido del organismo “por reclamar el derecho que se llame a concurso para crear la estructura laboral del instituto, dado que todos los trabajadores del área son adscriptos de la Provincia”.

El ya ex funcionario motorizó el pedido debido a que, por ley, está prohibido “el traslado directo de empleados de la Provincia a cualquier organismo autárquico, tal como es la Defensoría”. Pero su voz no fue escuchada. No sólo eso: como reprimenda recibió el despido.

Especialista en Integración e Inclusión Social Educativa y Discapacidad, y presidente además de la Asociación Civil de Padres de Discapacitados del Chaco, Giugga sostuvo que Corregido se negó a llamar a concurso para cubrir los puestos en la Defensoría porque los actuales empleados son “amigos, parientes y allegados a otros funcionarios”.

De hecho, hasta algunos de sus hermanos integran el plantel de la Defensoría. “Yo fui el que estuvo a su lado desde el comienzo, fui una parte importante”, reconoció Giugga.

Pero su caso no fue el único. Los funcionarios Ana López y Rafael Fernández también fueron despedidos por distintos motivos, aunque siempre “ligados a que nosotros reclamamos que las cosas estuvieran bien hechas”, apuntó Giugga.

De hecho, el caso de López fue particular porque su adscripción fue rescindida recientemente luego de que la mujer sufriera un accidente de tránsito. Como la de Giugga, la suerte de Fernández se echó en julio.

“Todo esto viene aparejado de que nosotros queríamos que este año se hicieran amparos por la accesibilidad del transporte y la arquitectura de Resistencia”, repasó Giugga ante este portal. Sin embargo, por pedido de Corregido, el Poder Ejecutivo provincial cumplió con el acto administrativo y dejó afuera a los tres colaboradores. Además, Corregido nunca le adjudicó funciones al defensor adjunto, Daniel Illias.

La situación resulta particularmente indignante en el caso de Giugga porque tiene una hija con discapacidad. No sólo fue un pilar en el organismo y en el área de discapacidad de la Provincia, sino que además representa a la Comisión de Discapacidad de la Cancillería argentina y a las ONG de Chaco ante el Consejo Federal de Discapacidad (CFD). Hoy está sin trabajo.

Una historia de larga data

La Defensoría del Pueblo del Chaco comenzó a funcionar en septiembre de 2012, y para 2015 tiene un presupuesto previsto de $ 10.550.000. En su momento llegó a tener más de 50 empleados, entre adscriptos, de gabinete, contratados directos, becarios y pasantes.

Desde mediados de 2012 el organismo cuenta con empleados adscriptos provenientes de distintos organismos (municipalidad, Poder Judicial, Poder Ejecutivo). Muchos tienen más de dos años cumpliendo funciones en la Defensoría como personal adscripto, aun cuando la normativa establece un plazo máximo de dos años, lo que demuestra que ya han sido beneficiados en forma excepcional para que continúen sus prórrogas.

En la actualidad, sin embargo, cumplen funciones menos de la mitad de esa cifra. Algunos han regresado a su lugar de origen por su propia voluntad, otros han renunciado y otros fueron “desafectados” por decisión de Corregido.

Durante el tiempo transcurrido se realizaron numerosos trámites para llevar a cabo el llamado a concurso de antecedentes y oposición, pero existieron circunstancias que influyeron para que la convocatoria del concurso abierto no se llevara a cabo, conforme lo ordena la ley 4190.

“Ahora leemos en los medios que Corregido dice que la Defensoría del Pueblo corre el riesgo de quedar sin personal porque el actual gobernador (Juan Carlos Bacileff Ivanoff) no quiere firmar nuevas adscripciones y por las dificultades que encuentra en los trámites de pedidos de prórroga de agentes de planta del Ejecutivo”, cuestionó Giugga.

“El Ejecutivo brindó no sólo importantes presupuestos aprobados, sino que además autorizó las adscripciones de cuanto personal le solicitaba el defensor del Pueblo para el funcionamiento de la entidad, prorrogando -en algunos casos en carácter de excepción-, la extensión del término de su finalización establecido por la normativa vigente”, planteó.

Más cuestionamientos

Giugga criticó además al Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Chaco (IPRODICH), que conduce José Lorenzo, porque pese a haber empatado en dos elecciones para ocupar una de las vocalías en representación de las ONG’s, la Junta Electoral del organismo estableció la continuidad de María Viterba Scheffer.

“Tal vez fue por haber reclamado desde la Defensoría por las inacciones del instituto”, dijo Giugga y completó: “Hoy, en una decisión muy oscura, la Junta Electoral del IPRODICH nombra en continuidad de mandato a la vocal que estaba en funciones”. Por eso, Giugga se presentó ante la Fiscalía Administrativa por un “mandato irregular” de Scheffer.