El amparo contra las empresas telefónicas por su pésimo servicio sigue congelado
La Defensoría del Pueblo presentó ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia hace poco menos de dos años, una acción de amparo contra las empresas de telefonía celular Telecom Personal, AMX (Claro) y Movistar, solicitando que la Justicia ordene la prestación de un servicio de calidad óptimo y necesario en las bandas GSM, 2G y 3G, conforme la reglamentación vigente y los avisos publicitarios que se difunden. Sin embargo, tras un largo período, la causa no tuvo un avance significativo y mientras tanto crecen las quejas de los usuarios, tal como lo refleja un artículo periodístico en el que la oficina de Defensa al Consumidor de Sáenz Peña da cuenta del marcado malestar por la mala prestación del servicio.
La nota corresponde a la sección Chaco Adentro, en la página 15 del diario Norte del martes 2 de junio, pero también se repite en comentarios y artículos de otros medios. Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, se expresó nuevamente al respecto y pidió “mayor celeridad” a la Justicia, destacando que “es necesario insistir y terminar con los negociados empresariales que se burlan de los usuarios, quienes hoy en día pagan por un mal servicio que difiere mucho de lo que se vende en las publicidades”.
Corregido explicó que recién hace 30 días llegó la citación judicial para que la Defensoría se presente a una audiencia de conciliación con las empresas en el mes de agosto, oportunidad en la que él piensa reflejar el malestar de los ciudadanos ante la desinversión en tecnología y baja calidad de la prestación del servicio. “Estamos trabajando para que la gente tenga respuestas, porque no sólo existen quejas por la mala calidad de la señal y las interferencias en las llamadas, también hay problemas con la facturación y la contratación que genera un disgusto permanente en la ciudadanía”, contó.
En ese contexto, el ombudsman recordó que el amparo fue presentado durante el año 2013 junto a una medida cautelar que fue rechazada por el juez Federal, Carlos Skidelsky, donde se denunciaba que la situación de “sobremasificación de terminales en uso simultáneo generó que el servicio se preste en forma deficiente, de mala calidad, que persiste tanto en el orden provincial como en el orden nacional”. En esa diligencia preliminar que la Justicia no hizo lugar, Corregido había solicitado que “se suspenda la venta y activación de nuevas líneas hasta tanto mejore el servicio”.
El amparo en cuestión hasta junio del 2015 tuvo 14 movimientos: tras correr traslado por cédula de la presentación a las demandadas en agosto y septiembre de 2013, en noviembre de ese año sólo las empresas AMX y Personal S.A contestaron la demanda. El 28 de noviembre de ese año se evacuó el traslado conferido de las contestaciones y el 5 de febrero de 2014 se adjuntaron las cédulas diligenciadas. Desde ese momento, el 4 de abril se notifica el traslado a la Defensoría, el cual se evacúa en tiempo y forma y tras ese período, el 8 de julio de ese año se solicita la apertura de causa a prueba y así, con la medida cautelar descartada pero el amparo aún sin dictamen, desde el mes de febrero del 2014, los representantes legales de la Defensoría presentaron seis urgimientos en distintas etapas del proceso, pidiendo que se resuelvan las cuestiones pendientes.
La última de estas actuaciones se presentó el 8 de abril del 2015 y recién a mediados de mayo llegó al organismo defensor una resolución que solicita citar a las partes a una audiencia de conciliación para el 30 de agosto de este año. “Esperamos que en esta oportunidad se pueda avanzar en obtener alguna medida resolutiva que obligue a los empresarios a cumplir con sus obligaciones como prestadores de un servicio tan necesario para la sociedad globalizada”, manifestó el ombudsman.
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