La Comisión Bicameral está conformada por 16 miembros de los cuales 10 corresponden al oficialismo, y seis a la oposición, y tiene como objetivo evaluar, controlar y proponer los respectivos proyectos de Ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del nuevo Código así como toda otra modificación legislativa necesaria para su mejor implementación según lo dispuesto por la Ley N° 27.063 sancionada en diciembre del año pasado.

Consultado al respecto, Rozas destacó la designación hecha por la UCR para que integre esa Comisión “Es una gran responsabilidad y desafío por lo tanto me siento muy honrado de haber sido considerado por la UCR para llevar adelante una tarea tan significativa como es poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la Ley de implementación correspondiente y que deberá contener las previsiones pertinentes en cuanto a los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación, esto revela la trascendencia de esta Comisión Bicameral que debe tratar los cambios del sistema procesal penal en el país”.

“Para poner en marcha el nuevo Código será necesario además capacitar los fiscales y demás recursos humanos indispensables con que se debe dotar al Ministerio Publico Fiscal ya que la reforma impulsada por el gobierno reemplaza el actual sistema inquisitivo por otro acusatorio, promete acortar los tiempos de las causas y mayor oralidad para agilizar las etapas intermedias de la investigación y el proceso penal”.

Inseguridad, crimen organizado y corrupción

El senador chaqueño también recordó que “en la reunión constitutiva de la Comisión Bicameral el bloque de Senadores del Frente para la Victoria presento cinco proyectos de Ley necesarios para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, incluyendo una nueva Ley de implementación y reformas parciales al Código Penal, al Ministerio Publico Fiscal y la organización y competencia de la justicia federal y nacional penal, los cambios a implementarse tienen mucha trascendencia ante la demanda social de mayor seguridad y combate al crimen organizado y su vinculación con el narcotráfico y la corrupción que exige no dejar la investigación penal en manos de quienes no tengan probada competencia para cumplir sus funciones o carezcan de la necesaria independencia para administrar justicia”.