Gutiérrez explicó que “teniendo en cuenta que se han detectado transferencias millonarias por parte del gobierno del Chaco a favor de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que se habrían violado las formas de pago vía trasferencia durante el año 2008 en el Instituto de Vivienda y que a partir de esa situación se ha comenzado con la remoción de importantes funcionarios encargados de controlar las obras, tal el caso del Sr. Roa, que además existen denuncias hechas por los movimientos sociales de la provincia que ven con peligro la continuidad de las obras debido a responsabilidades de funcionarios públicos provinciales como así también denuncias por falta de pago de haberes, aportes, trabajo en negro lo que equivale a evasión tributaria, que existen causas judiciales millonarias iniciadas contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo por incumplimientos contractuales que motivaron embargos y medidas precautorias en el Juzgado Civil y Comercial Nº 16 de la ciudad de Resistencia, considero absolutamente necesario la creación de una Comisión Investigadora que actúe en la búsqueda de esclarecer ante la opinión pública el destino de fondos y movimientos dinerarios que desde la caja nacional o provincial hayan sido transferidos a cualquiera de sus ministerios y/o fideicomisos de participación estatal provincial respecto de la actividad de la Fundación ya sea a través de sus apoderados como tales o en carácter individual y las empresas Meldorek y Antarctica S.A., como así también todos los pagos relacionados con empresas privadas como subcontratistas o proveedoras del estado provincial”.

“Esto demuestra que las denuncias que hacemos desde nuestro bloque no son oportunistas y con fines electoralistas como suelen repetir desde el oficialismo, ya en abril de 2010 alertamos de esta situación y elevamos un pedido de informes al Ejecutivo Provincial, pasaron 14 meses y ahora que explotó el tema se apresuran a enviar una respuesta con serias contradicciones, como cuando dicen que el Ministerio de Infraestructura no tiene ninguna relación con la Fundación Madres de Plaza de Mayo siendo que han firmado un convenio entre ese ministerio y el Sr. Sergio Schoklender mediante el cual se crea un consorcio al cual el gobierno del Chaco debe aportar 1,5 millones de dólares en lo que sería una suerte de “sociedad”, estableciéndose en ese convenio que la participación en las ganancias se repartirían en un 50% para cada una de las partes y que el estado provincial se reserva el 51% de las acciones mientras que la Fundación el 49%”.

El legislador dio detalles de las facultades que tendrá la Comisión “deberá indagar, analizar y evaluar los actos de tal índole cometidos en el ámbito del sector privado o público y analizar si ha sido controlada la actividad por parte de los organismos competentes del Estado Provincial, por lo tanto estará facultada para recibir denuncias y pruebas sobre hechos que fueran objeto de investigación, requerir y recibir declaraciones testimoniales y efectuar careos cuando fuere pertinente, solicitar informes escritos u orales, realizar inspecciones oculares debiendo dejarse constancia de sus resultados, conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados, y requerir la remisión de expedientes judiciales o administrativos o en su defecto copia certificada de los mismos realizar pericias, auditorias y recabar toda información conducente, denunciar ante la Justicia y/o ante el Ministerio Público cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretenden esclarecer, solicitar al juez competente el allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u otra clase de prueba vinculada a la investigación, así como requerir a aquel la intervención de comunicaciones telefónicas o el secuestro o retención de documentación que pudiera tener relevancia para el caso, conducir por la fuerza pública a toda persona citada que injustificadamente no se presentara a declarar”.

“La Comisión estará integrada por ocho (8) diputados nombrados a propuesta de los respectivos bloques parlamentarios y en un plazo de noventa (90) días contados a partir de su constitución, la Comisión deberá elevar a la Cámara de Diputados un Informe Final detallando los hechos investigados, precisando las responsabilidades que pudieran derivar de los mismos y aconsejando las modificaciones normativas que considerare convenientes.

El informe será dado a publicidad por los medios que la Comisión estime pertinentes” y se aclara que “si de la investigación surgiera la presencia de hechos o actos que pudieran considerarse como delitos, la Comisión estará obligada a denunciarlos ante la justicia ordinaria, y todos los mecanismos de control que prevé el régimen constitucional y legal de la provincia del Chaco aportando los elementos de prueba obtenidos”.