Política
El “lado B” de la campaña

Reclaman a Aída Ayala y Gustavo Corregido que garanticen colectivos para personas con discapacidad

Las personas con capacidades diferentes y la indiferencia de las autoridades. Una postal cotidiana en Resistencia.

El presidente de la Asociación Civil de Padres de Discapacitados del Chaco, José Giuggia, reclamó a la intendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, que garanticen que los empresarios del transporte incorporen en el ramal de la Línea 9 los primeros colectivos con pisos bajos o semibajos para personas con capacidades diferentes. De lo contrario, advirtió, los funcionarios estarían incurriendo en un abierto caso de discriminación.

Giuggia formuló este pedido luego de que el municipio de Resistencia informara que aceptó la única propuesta que se presentó para la explotación de la Línea 9 para los ramales Güiraldes y Don Alberto, por parte de una “Unión Transitoria de Empresas” (UTE) que comenzó a circular desde este lunes y que absorberá el personal de la anterior prestataria.

Especialista en Integración e Inclusión Social Educativa, Giuggia formuló el reclamo a Ayala; Corregido; el subsecretario de Transporte provincial, Marcelo López, y el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (Iprodich), José Lorenzo. “Es la oportunidad para que lo sugieran a los empresarios”, remarcó.

La empresa Resistencia Urbana asumió el compromiso de la incorporación de 18 unidades 0 kilómetro para explotación de los servicios de los ramales Güiraldes y Villa Don Alberto de la Línea 9, para solucionar la problemática generada tras la caída de la anterior concesionaria. Según se anunció, la novedad permitiría “mejorar indudablemente el servicio que se presta, como también la frecuencia en los recorridos”.

En declaraciones a NOVA, Giuggia recordó a los funcionarios que la ley 22.341, de Transporte Automotor de Pasajeros Accesible para Personas con Discapacidad, dispone en su artículo 22 que “las empresas deberán incorporar en forma progresiva, por renovación de su parque automotor, unidades de pasajeros con adaptaciones para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y con espacio suficiente que permita la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas”.

“Especialmente usuarios de sillas de ruedas y semiambulatorios severos, hasta llegar a la renovación total de la flota en esas condiciones”, completa la ley. Giuggia agregó que el “plazo estipulado para la adecuación del total de las unidades está ampliamente vencido” porque, dijo, “establecía que desde 2002 en adelante las unidades debían contar con los requisitos expuestos en el artículo 22”.

Asimismo, pidió que “no pongan de pretexto que la ciudad no está adaptada” porque, apuntó, “está en las mismas condiciones que Corrientes, Villa Ángela o Formosa en infraestructura para la implementación de las unidades accesibles”, que “hace tiempo que ya tienen accesibilidad en el transporte”, comparó.

Por eso les reclamó a los funcionarios que “hagan las averiguaciones” sobre “quiénes absorbieron las diferencias de costos de una unidad común a un colectivo accesible”. “Sería lógico que se adquieran este tipo de vehículos adaptados”, dijo y planteó: “¿O no les importa y discriminan todos juntos a las personas con discapacidad?”.

En ese sentido, Giuggia señaló que la imposibilidad de los discapacitados para utilizar el transporte público en Resistencia se advierte de manera “cotidiana” en la zona céntrica de la ciudad y especialmente en la Escuela Especial N° 1 del Hospital “Julio C. Perrando”.

La advertencia de Giuggia, ex funcionario de la Defensoría del Pueblo de Chaco, cobra especial relevancia en momentos en que Ayala intenta abrirse paso como candidata a gobernadora. Parece que está dispuesta a dejar a más de uno en el camino.

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