Mario Bosch se refirió a la falta de mérito dictada por el juez federal subrogante de Resistencia, Eduardo Valiente, que benefició con la libertad a Abel Rubén Castillo (el chofer de la camioneta oficial) y Luis Eleazar García (acompañante e hijo del diputado Egidio García). En tanto anunció que, tras la feria judicial, la defensa peticionará algunas medidas probatorias adicionales, y no descartó que sus defendidos pudieran iniciar acciones por daños y perjuicios que les ocasionó la prolongada detención.

El abogado consideró que todas las explicaciones que sus defendidos dieron al declarar por primera vez en la causa eran suficientes para recuperar su libertad. “Más allá del impacto mediático y social, acá durante 15 días hubo dos personas inocentes detenidas”, subrayó, al tiempo que reconoció que también incidieron como factores de demora la feria judicial y la prolongada subrogancia en el juzgado Federal de Resistencia. Sin embargo, advirtió que el prolongado tiempo de detención les provocó un daño a sus defendidos.

Resolución provisoria

Tras escuchar algunos testimonios, el magistrado resolvió la libertad de quienes estaban detenidos desde el pasado 28 de diciembre, cuando la camioneta oficial fue hallada con 12 kilogramos de marihuana.

La falta de mérito es una resolución provisoria que no implica el sobreseimiento definitivo. La decisión del juez significa que no existen pruebas que puedan involucrar en la causa a los dos imputados. “En esta etapa, es muy difícil imaginar un sobreseimiento, que requiere que se agote toda la prueba”, explicó Bosch.

“Desde el primer momento, ellos –por sus defendidos- manifestaron haber sido engañados por Fernández, que era el dueño de la droga”, sentenció el letrado, apoyado en las pruebas de seguimiento e intervenciones telefónicas realizadas por los investigadores.

En tanto, dejó claro que Castillo y García fueron involucrados en la causa –e imputados- como presuntos colaboradores en el transporte de la droga. “Para que esta colaboración sea jurídicamente reprochable desde el punto de vista jurídico requiere que uno conozca la ilicitud del hecho y voluntariamente lo realice. Pero cuando una persona es engañada en su buena fe estos extremos que se analizan en el tipo penal no se verifican”, remarcó Bosch.

“Persecución racial”

A su turno, Orlando Charole realizó un fuerte alegato y pidió a toda la sociedad el inicio de un debate profundo sobre el narcotráfico y los perjuicios que genera en el tejido social. Pidió cambios profundos en las esferas policiales y en los poderes republicanos del Estado. “Este no es un problema político partidista, de jueces o abogados, es un fenómeno que nos involucra a todos”, sentenció, al tiempo que advirtió el impacto que tendrá sobre las futuras generaciones.

Charole también expuso su preocupación por lo que consideró “una persecución racial” contra el diputado García. “Nosotros no aceptamos que se lo califique como narcotraficante. Me duele decirlo y me duele que algunos funcionarios hayan tratado de escarcharlo”, lamentó. Así y sin dar nombres, aseguró que esos funcionarios “no están en la política sino en la pavada”. En ese marco, ratificó la vigencia de la movilización provincial de los pueblos indígenas.

Así, subrayó la necesidad de “actual con tiempo para frenar el avance aterrador de este flagelo”. Fue en este punto donde enlazó el tema con la convocatoria del gobierno provincial a todos los poderes del Estado, fuerzas de seguridad y la justicia federal y provincial: “Convocar a una reunión no es la manera de combatir esto”, enfatizó. A la vez, cuestionó la convocatoria “a un reducido grupo de gente que, en definitiva, termina dictando medidas en perjuicio de otros”.

Charole fue más allá y estableció una comparación entre el narcotráfico y la esclavitud. Así recordó la lucha de siglos por la abolición de la esclavitud, aunque señaló que todavía en estos tiempos “el tráfico de seres humanos es una amenaza”. “Esto es exactamente lo que pasa con el tráfico (de drogas). Estamos todos amenazados e involucrados”, señaló.

El titular del Idach apuntó también contra los procedimientos y la actuación judicial cuando lamentó que los operativos se realizan “en las villas y el pobrerío”. Por eso, consideró que los cambios necesarios para desterrar el flagelo pasan también por las fuerzas policiales.

“Este también es un problema limítrofe porque los pueblos originarios tenemos fronteras con Formosa y Salta. Estamos expuestos al tránsito de los traficantes y no quiero que en el futuro una investigación meta preso a un indígena y no al que realimente se dedica a estos ilícitos. Estamos de acuerdo con la aplicación del Código Penal, pero no en la cabeza de los pobres”.