“La participación es un derecho ciudadano, que aporta a la consolidación de la democracia, posibilita la resolución de conflictos y contribuye a acercar el gobierno y la comunidad, la política y los ciudadanos. La participación como política pública es más que aplicar ciertas metodologías e instrumentos; es orientar los procesos hacia la movilización y el involucramiento responsable de la ciudadanía en los asuntos públicos y considerar a las personas sujetos de las políticas.

En todo proceso participativo se presentan puntos de vista diferentes, se expresan intereses diversos, muchas veces contrapuestos; es el Estado, conducido por un gobierno que establece ejes valorativos con perspectiva de derechos, quien debe interpretar, procesar, integrar las posiciones en un horizonte, priorizando los intereses comunes, la equidad, la justicia social, lo público, lo que es de todos. No todos los grupos y sectores sociales tienen las mismas posibilidades de participar, de hacer valer sus opiniones y de intervenir en las decisiones: existen condiciones desiguales en la distribución de información, la formación y los conocimientos; en el valor de la palabra según la edad, el género, la condición de clase, etc., en la disposición de tiempos y recursos económicos. Estas desigualdades favorecen la participación en unos sectores o grupos y obstaculizan la de otros. Una política participativa es trasformadora si distribuye poder, favorece la distribución equitativa de los recursos, la inclusión, y facilita la información.

La implementación de estrategias y espacios de participación de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas, puede darse en distintos niveles y grados, y por lo tanto tener diversos resultados. No es posible promover de igual manera la participación en cualquier lugar, tema, o grupo social, ni existen fórmulas aplicables para todos. Cada espacio territorial o sectorial, aún cada temática, requiere unos modos y medios adecuados a su realidad, por lo que siempre es necesario el conocimiento de las condiciones de esa realidad con la que se pretende trabajar, y la planificación adecuada de las acciones a desarrollar.

Una de estas herramientas es el presupuesto participativo, que enmarcado en políticas integrales genera importantes trasformaciones en la gestión. Esta herramienta aplicada a la gestión cultural, ha permitido generar nuevas y mejores condiciones desde las cuales pensar las políticas, en este caso culturales, desde un modelo superador a los modelos tradicionales, donde “la cultura” es concebida como “bella artes”, ligada a muestras, museos y concursos, o enfocado hacia la distribución y descentralización de bienes culturales existentes, principalmente bajo el formato de “talleres” o espectáculos.

El presupuesto participativo, en cambio, avanza hacia una democracia cultural participativa, invitando a pensar, dialogar y decidir junto a la comunidad, en base a sus necesidades, intereses y demandas, con la potencia de su protagonismo. En este sentido, implica no sólo distribuir bienes para ser consumidos, sino fundamentalmente distribuir poder, medios y recursos para la creación o producción cultural comunitaria. La cultura aquí, es entendida como derecho, como proceso dinámico, vivo y emancipador; constructor de identidades que resignifican lo ‘viejo’ y lo ‘nuevo’ en función de nuevos proyectos democráticos. Derecho a la participación y a la cultura, en la construcción de un mundo más justo y más igualitario”.